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Susana Sottoli

Es necesario abrir a debate una nueva legislación de infancia


16 de abril de 2012

En el año 2000 México dio un paso fundamental al emitir por primera vez en su historia una legislación específica para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, trasladando así al plano nacional las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y estableciendo un piso mínimo a partir del cual la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, pudieran garantizar a niñas, niños y adolescentes sus derechos fundamentales. Esta Ley provocó a su vez un importante proceso de adecuaciones a nivel local, que resulto en la aprobación de leyes homologas en prácticamente todos los Estados.

La Ley de Protección del año 2000 constituyó un avance significativo, pero ya desde su emisión se anticipaba la carencia de mecanismos para asegurar la efectividad de sus disposiciones y la adecuada coordinación entre diferentes sectores y niveles de gobierno responsables de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia. Estas falencias se debían en parte a que entonces el Congreso de la Unión no tenia facultades para emitir una ley general en la materia, capaz de establecer las bases para la concurrencia entre sectores y niveles de gobierno.

En efecto, muchos de los desafíos que afectan gravemente las oportunidades de vida y desarrollo de los niños y niñas derivan precisamente de la vaguedad en el diseño institucional en la ley vigente, que deja sin definición aspectos fundamentales como la determinación de la instancia encargada de coordinar y planificar las políticas de infancia a nivel nacional.

Hoy, a 12 años de la emisión de esta ley, México está ante una gran oportunidad de superar sus vacíos, gracias a la reforma constitucional de octubre de 2011, que obliga a considerar el principio del "Interés Superior de la Niñez" en la formulación y ejecución de las políticas públicas y concede al Congreso Federal las facultades necesarias para emitir leyes que establezcan la concurrencia de los diferentes niveles de gobierno en esta materia.

El desafío actual consiste en aprovechar la oportunidad para emitir un nuevo ordenamiento que, más allá de reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sea capaz de concretar mecanismos específicos que permitan instrumentar un verdadero Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Infancia.

En este contexto, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados ha aprobado propuestas para emitir una nueva Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez y reformar diversas disposiciones de la Ley de Asistencia Social, mismas que se espera sean discutidas y votadas por el Pleno de la H. Cámara de Diputados en los próximos días.

UNICEF reconoce los esfuerzos de las y los legisladores para avanzar en la adecuación del marco jurídico con estas propuestas, lo que demuestra un legítimo interés en la protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, considera necesario plantear si dichas propuestas responden plenamente a los desafíos y oportunidades actuales, superando los vacíos de la ley vigente y resolviendo de fondo temas medulares necesarios para garantizar la efectiva protección de los derechos de la infancia.

Es crucial analizar la naturaleza del organismo en el cual la legislación va a depositar la rectoría de la política pública en materia de infancia, así como la coordinación del Sistema Nacional para la Protección de los Derechos de la Niñez.

Regir la política de infancia desde la perspectiva de la asistencia social constituye una seria limitante para asegurar el enfoque integral e intersectorial de los derechos de la niñez. Si bien la asistencia social es un derecho esencial de la niñez que se encuentra en situación de vulnerabilidad, no todos los derechos de la infancia pueden ser tutelados desde este ámbito.

Una reforma medular al marco normativo e institucional de infancia como la que está juego en este momento exige una mayor reflexión y un dialogo abierto y participativo con los diversos sectores que concurren en la garantía de derechos de los niños, así como con organizaciones especializadas de la sociedad civil y del mundo académico.

En cumplimiento de su mandato, UNICEF ha acompañado estos procesos de diseño legislativo e institucional en numerosos países y regiones del mundo con el objetivo de asegurar la conformidad con el marco internacional de derecho, así como de facilitar el aprendizaje mutuo entre países que enfrentan desafíos similares. Con base en esta experiencia, formulamos un respetuoso y a la vez urgente llamado a los legisladores y legisladoras para que consideren abrir más espacio al debate sobre el tema.

No asegurar avances sustantivos en el proceso de fortalecimiento normativo e institucional de infancia, significaría de facto retroceder en la garantía de derechos.


*Representante de UNICEF México



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