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José Carreño Carlón

Sin recato, el apremio a la Corte de FCH

José Carreño Carlón: Premio Nacional de Periodismo por artículo de fondo, director de la oficina presidencial de comunicación

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21 de marzo de 2012

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Sin el menor recato, a unas horas de que la Corte resuelva, previsiblemente hoy, el caso Cassez, el presidente Calderón apareció en los medios ayer exigiéndole a los juzgadores atender los derechos de las víctimas. “Que nunca la interpretación de la ley sea la rendija por donde escape nuevamente la impunidad”, apremió a los ministros, en un desplante que puede generar consecuencias más allá de los ocho meses y 10 días que le restan a su sexenio.

El aún depositario del Poder Ejecutivo se permite regresar así al antepasado y dictarle públicamente al Poder Judicial los criterios que debe aplicar en la interpretación de la Constitución en un caso de competencia de la Corte. Y lo hace a 100 días de la jornada electoral que marcará la tercera elección presidencial desde el fin de la época del partido dominante, en el curso de un errático proceso de redistribución y separación de poderes que antes se concentraban en el Ejecutivo, y que Calderón pareciera querer recolonizar.

Pero acaso la mayor falta de pudor resida en la retórica presidencial de defensa de las víctimas para, en realidad, presionar por la justificación o la minimización de las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia, así como de quienes las perpetraron. No es la interpretación de la ley la rendija por donde se puede escapar la impunidad, como dice el Presidente. Es la arbitrariedad el boquete que ahora puede conducir a la impunidad. Y aquí nunca será suficiente repetir con Human Rights Watch que quienes les fallaron a las víctimas son los que violaron el debido proceso, al abrir la vía para la impunidad por la contaminación al proceso mismo, y no la Corte al revisar hoy las violaciones constitucionales.

Juicios paralelos

Pero el mensaje de Calderón no sólo se erigió en la voz de las víctimas, sino en la voz del tribunal de la opinión pública frente a la Corte, en este caso que, con independencia del fallo final, quedará como uno de los modelos más acabados en el mundo del fenómeno conocido como juicios paralelos. En pocas palabras, estos consisten en el uso y abuso de los medios para erigir tribunales de la opinión pública, paralelos a los tribunales de derecho.

Los tribunales de la opinión pública no validan pruebas ni prevén garantías ni derechos para los involucrados. Sólo sentencian, activados por los medios y sus fuentes. Y así, antes de la votación de hoy de la Primera Sala de la Corte, la encuesta de Ulises Beltrán publicada el lunes en Excélsior anticipó ya el veredicto de la opinión pública en el Caso Cassez: ella debe permanecer en prisión, de acuerdo con ocho de cada 10 mexicanos.

Perder perder

Este es resultado, en buena medida, del proceso paralelo seguido en los medios desde el momento del montaje televisivo de la detención, hace seis años, hasta la campaña final de estas semanas que movilizó a las víctimas para que volvieran a señalar a la francesa. Y es con esos ocho de cada 10 mexicanos que buscaba conectar Calderón para cerrar el círculo de hierro propio de los tribunales paralelos. El apremio presidencial a la Corte, a nuestro máximo tribunal de derecho, es en realidad un llamado para que se allane esta mañana al dictado del tribunal de la opinión pública.

Y no sería la primera vez que en México el Poder Judicial se sometiera al Ejecutivo. Ni que, en el mundo, un tribunal de derecho cediera a la presión del tribunal de medios.

Pero el problema de juntar públicamente, sin recato, las dos presiones, puede llevar a un juego de perder-perder a todas las partes. En particular, el Presidente pierde, claro, si la Corte resuelve contra él y su gente, pero también perderá si resuelve en su favor, porque en la percepción pública nacional e internacional el fallo habrá sido obtenido por la irrupción del Ejecutivo en la decisión judicial.

 

Académico



Editorial EL UNIVERSAL Principio de legalidad


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