Aunque han transcurrido más de diez años desde su fundación, todavía estamos lejos de que las conclusiones a las que llega cada año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sean escuchadas y respetadas; y más lejos aún de que ese enorme esfuerzo de evaluación de gastos influya de veras en la calidad de las políticas públicas del país. En cambio, no hay duda de que esas observaciones han ido ganando terreno a pulso en la atención de los medios y más interés público. Igual que en otros temas vitales de la agenda política del país, la sociedad está demostrando mayor conciencia sobre las conclusiones de la ASF que las entidades responsables de ejercer y cuidar los dineros públicos.

Entre ellas, hay dos que juegan un papel principal en el ciclo presupuestario: la Cámara de Diputados, que cada año se trenza en acalorados debates para aprobar los presupuestos que serán ejercidos en el periodo siguiente, y la secretaría de la Función Pública, que tiene la función de imprimir orden —eficacia, eficiencia y economía— en los gastos que realiza el gobierno federal. En el tablero del juego presupuestario hay muchas más piezas: todas las que participan del gasto y rinden informes de cuenta pública sobre el modo en que lo gastaron —incluyendo los recursos federales que se transfieren a los estados y a los municipios— y de modo muy destacado, la Secretaría de Hacienda.

Pero subrayo el papel de la Cámara de Diputados porque ahí se aprueban los gastos; así como el de la Secretaría de la Función Pública, porque esa entidad tendría que velar por el uso atinado de esos dineros que, al final del ciclo, son evaluados por la ASF para revisar la validez de las cuentas y juzgar la forma en que efectivamente se usaron. En eso consiste, en una nuez, el sistema de rendición de cuentas que hoy tiene el país: los diputados aprueban los gastos, Hacienda los administra, Función Pública los controla, y la Auditoría Superior fiscaliza los resultados.

Pues bien: gracias al informe recién presentado por la ASF constatamos, una vez más, los enormes defectos del sistema de gasto público que hoy tenemos y volvemos a atestiguar —con datos fehacientes— que los responsables de garantizar la calidad de ese gasto son parte de los problemas y no de las soluciones. De un lado, volvió a ser evidente que la Cámara de Diputados es una de las entidades más oscuras del gasto público mexicano. Tanto, que ni siquiera su órgano técnico de fiscalización ha podido verificar el uso de la ya famosa partida 3827 (“Asignaciones a los grupos parlamentarios”) que representa nada menos que 24% del presupuesto total de los diputados. La prensa ha reportado en esta semana que, como dice el refrán, quienes parten y recomparten se quedan con poco más de 2 mil millones de pesos de los que no rinden cuentas a nadie.

Y por otro lado, solamente una de las siete auditorías practicadas a la Secretaría de la Función Pública resultó limpia: la que verificó su intervención en la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En cambio, la ASF emitió dictámenes negativos en tres casos (y qué casos): reprobó el Sistema de Evaluación del Desempeño, reprobó el Sistema Integral de Información de Padrones públicos y reprobó —nada menos— el Sistema de Gestión del Control del Gasto que lleva cabo esa dependencia. Es decir, los sistemas que se suponen destinados a medir y evaluar el desempeño de nuestro gobierno, a proveer información completa y confiable sobre los beneficiarios de los subsidios que otorga, y a garantizar que el dinero esté controlado, no pasaron las pruebas llevadas a cabo por la ASF.

Me pregunto —tan sincera como obstinadamente— qué más tendría que pasar para que cobremos conciencia de la necesidad de reconstruir la ética pública del país, a partir de instituciones y procedimientos concretos, completos, verificables y articulados. ¿Qué clase de escándalo o ruptura tiene que suceder para abandonar la simulación en la que estamos sumidos? ¿Qué más se necesita para comprender que necesitamos, con urgencia, una verdadera política de rendición de cuentas en México?

Los datos que nos ha obsequiado la ASF en este nuevo ciclo de auditorías son contundentes: con las reglas y los arreglos que tenemos ahora, es imposible armar un sistema de rendición de cuentas confiable. Si no hacemos nada, seguiremos viendo cómo se cuela el dinero público –y la confianza de la sociedad en la democracia-- entre las alcantarillas de la ineficiencia y la corrupción.

Investigador del CIDE