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Alejandra Barrales

Penas alternativas a primodelincuentes





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21 de febrero de 2012

alejandra.barralesm@gmail.com

El régimen democrático al que nos hemos comprometido perfeccionar cada día para la ciudad requiere de una permanente revisión y actualización de aquellas leyes que no están en consonancia con un Estado de derecho respetuoso de los derechos humanos y un sistema de procuración, administración e impartición de justicia eficaz.

A nadie escapa que la sobrepoblación de los reclusorios y centros penitenciarios de la capital provoca graves problemas de hacinamiento, violencia, corrupción y drogadicción, entre otros, que dificultan o nulifican la reinserción social de los internos, gran parte de ellos jóvenes.

Un sistema penitenciario rebasado no le es útil a nadie, pues al infractor no le ofrece alternativas para resarcir el daño, proteger sus lazos familiares e insertarse en el ámbito laboral. A la sociedad y las víctimas tampoco les garantiza una reparación del daño, ni la prevención del delito y su escalamiento a mayores niveles de repetición y gravedad.

Por eso estoy proponiendo reformar el Código Penal para el DF a fin de implementar penas alternativas a la reclusión que sean aplicables a los primodelincuentes que cometan robo simple sin violencia y sin armas.

Con ello, los infractores realizarían trabajo a favor de la víctima hasta cubrir el monto de lo robado y trabajo a favor de la comunidad, en vez de ir a prisión.

No se trata de perdonar lisa y llanamente por el hecho de que sea un robo simple, sino de implementar castigos que permitan a la víctima recuperar lo que perdió y que el Estado resuelva el problema de la saturación en los reclusorios.

La iniciativa que analizará la Asamblea Legislativa, en el periodo de sesiones que inicia en marzo, retoma en buena medida lo que en su momento propuso la Comisión de Derechos Humanos del DF, a fin de revertir la sobrepoblación penitenciaria producida claramente a partir de las reformas al Código Penal de 2003.

De acuerdo con cifras oficiales, la población penitenciaria en la ciudad pasó de 20 mil 714 reclusos en el 2000 a 40 mil 290 en 2010, mientras que la capacidad instalada no creció; la sobrepoblación alcanzó 112%, el primer lugar a nivel nacional.

Antes de 2003, a quien cometía robo simple y el valor de lo sustraído no excedía los veinte salarios mínimos, se le imponía una pena de veinte a sesenta días de salario. A partir de la reforma, el robo simple se castiga con cárcel, aún cuando lo robado sea de valor mínimo.

Esto produjo que se criminalizara a los sectores menos favorecidos, a los más pobres, y además, jóvenes, según lo reveló el estudio Marginalidad y Desempeño Institucional. Resultados de la Tercera Encuesta a Población en Reclusión en el DF y el Estado de México, 2009, realizada por Elena Azaola y Marcelo Bergman, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Veamos algunos rasgos del perfil de los internos en la capital: 41% tiene entre 18 y 30 años; 21% no fue a la escuela o no terminó la primaria; 61% trabajó antes de los 15 años; 54% son autoempleados, taxistas o comerciantes: 13% son albañiles u obreros; 55% está preso por algún tipo de robo; ocho de cada 10 nuevos internos sentenciados lo son por robo, y tres de cada cuatro de ellos por robo simple. La mitad de los robos son por 5 mil pesos o menos, y una cuarta parte por 700 pesos o menos.

Esos datos nos hablan de un sistema penal que sanciona con severidad a quienes menos oportunidades de progreso económico y social han tenido, y debe llamarnos poderosamente la atención que un gran número de ellos son jóvenes.

La iniciativa que impulsaremos desde la Asamblea va encaminada a atacar ese problema mediante las penas alternativas como el trabajo comunitario, para quienes cometan por primera vez el delito de robo simple, sin violencia, sin armas, sin haber lesionado a la víctima y que haya actuado solo. Creemos que es mucho mejor que quienes hayan incurrido en este tipo de delito no pisen la cárcel, y en su lugar hagan trabajo a favor de la comunidad. El tipo de trabajo lo determinará un juez de ejecución de sanciones, lo cual también acabará la discrecionalidad de los órganos administrativos en esta materia.

Con esta nueva reforma será el Estado el que cubra el daño a la víctima, y el primodelincuente pagará a la autoridad con trabajo comunitario en los términos y plazos que fije el juez: si el valor de lo robado no excede el equivalente a 300 salarios mínimos o no es posible determinar su valor, deberá dedicar de 60 a 150 días multas de trabajo; si lo robado vale de 300 a 750 veces el salario mínimo, la sanción será de 150 a 400 días de multa; y si lo robado vale más de 750 veces el salario mínimo, la pena será de 400 a 600 días de multa.

Con este tipo de iniciativas, la Asamblea se vuelve a distinguir por atender con oportunidad y sensibilidad los problemas que más afectan a la población, y reitera su posición de avanzada en la promoción y respeto a los derechos humanos en la ciudad.



Editorial EL UNIVERSAL Las causas de Apodaca


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