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Ricardo Raphael

IFAI amenazado





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13 de febrero de 2012

Los órganos reguladores en nuestro país suelen atraer contra sí las pasiones más autoritarias de la política mexicana. Basta con que uno comience a crecer en credibilidad y reputación para que los poderosos saliven urgidos por subordinar su desempeño.

Durante la última década del siglo pasado, el IPAB terminó sirviendo a los intereses de los banqueros sobre las preocupaciones de los ahorradores. En 2003, tras las sanciones vinculadas a Pemexgate y Amigos de Fox, los diputados mafiosos recularon frente a la posibilidad de un IFE autónomo. Desde entonces, actores públicos y privados han tratado de vulnerar al árbitro electoral; algunas veces han triunfado y, por fortuna, otras han sido derrotados.

En 2006 la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), encargada de normar, entre otros, a la televisión y la telefonía, fue entregada como ofrenda a los pies de sus principales entes regulados.

Podrían seguirse citando aquí muestras de cooptación (la educación, por ejemplo) que con laureles negros han hecho sucumbir al interés público; la lista es larga. Pero también debe hablarse de otras experiencias donde ni la corrupción privada ni las voluntades torcidas han podido sujetar a la autoridad.

El Banco de México, por ejemplo, ha dado pruebas de autonomía e independencia en la delicada conducción de la política monetaria. Algo similar podría decirse de la Auditoría Superior de la Federación, la Comisión Federal de Competencia (Cofeco) o de algunas (pocas) comisiones de derechos humanos.

Sea porque son órganos bien diseñados o porque quienes los han dirigido son personalidades que han sabido honrar su mandato, el hecho es que estas instancias han dado resultados celebrables. En la lista cabe incluir al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).

En sus poco menos de 10 años de vida, esta institución encargada de asegurar la transparencia del gobierno federal ha dado pruebas de solvencia y autonomía ante pulsiones oscurantistas del poder. Cuando el acceso a la información ha sido limitado sin justificación, las autoridades omisas como la Procuraduría General de la República, el Sistema de Administración Tributaria o la Secretaría de Relaciones Exteriores han sido reciamente señaladas.

Por ello vale suponer que la relación entre el IFAI y la jefatura del Estado no ha sido siempre tersa. Pero nunca como ahora la liga estuvo a punto de romperse, y es que el presidente Felipe Calderón ha sido también infectado por pulsiones inadecuadas.

Haciendo uso de su facultad para proponer al comisionado que sustituirá a María Marván (funcionaria que recientemente se convirtió en consejera del IFE), el Ejecutivo ha colocado sobre la mesa el nombre de Ricardo Celis Aguilar, hasta hace pocos días consejero jurídico del habitante de Los Pinos.

¿Cuáles son los talentos o el conocimiento del señor Celis sobre los temas relacionados con la transparencia, el acceso a la información o la protección de datos personales? Más allá de ser abogado (hay varios millones en nuestro país), no se le mira ninguna otra virtud relacionada con la tarea del IFAI.

Por tanto, cabe sospechar que la intención del Presidente es otra: dejar sentado en la institución un subordinado que pueda protegerle o, al menos, alertarle si las solicitudes de información de la ciudadanía (o de sus enemigos) le resultan inconfortables.

Desde ahora puede preverse el alud de requerimientos informativos que caerán sobre el gobierno de Felipe Calderón a propósito, principalmente, de su actuación para con la seguridad y la justicia.

Dado el sistemático desaseo legal con el que se ha combatido al crimen organizado en México, no sorprende hoy constatar que las solicitudes de información frecuentemente rechazadas son las relacionadas con la procuración de justicia. (Todavía apesta la reforma que hace tres años impulsó la Presidencia para esconder, en el sótano de la desmemoria, las averiguaciones previas emprendidas por la PGR, aun cuando estas hayan concluido 15 años atrás).

La única manera de colocarle un dique a esta profetizada demanda es dejar un guarura encargado de cuidarle la espalda al futuro ex presidente. No importa si con ello el IFAI extravía independencia, pierde reputación o se debilita en sus funciones.

Al igual que otros han tratado de hacer con el IFE, la Cofetel o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahora le toca al Presidente —así lo supondrá— comportarse equivocadamente.

Queda —como última instancia para resguardar la transparencia— la objeción frente a la decisión presidencial que puede producirse en el Senado. Toca reclamarle a la Cámara Alta la sensatez necesaria.

Analista político



Editorial EL UNIVERSAL Lacerante discriminación


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