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Porfirio Muñoz Ledo

Energía y cambio

Ex embajador de México ante la Unión Europea. Su trayectoria política es amplia y reconocida: fue fundador y presidente del PRD...





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06 de febrero de 2012

Duros y fructíferos días invernales en Londres, donde parlamentarios mexicanos acudimos para adentrarnos en la aplicación de la ley sobre cambio climático de la Gran Bretaña. Discutimos con los directivos de todos los organismos responsables y expusimos ponderadamente el proyecto de legislación aprobado en el Senado mexicano, así como las decisiones políticas que harían posible una acción consistente en la materia.

Frente al fracaso recurrente de negociaciones multilaterales, del cual la reunión de Durban fue ostentosa comprobación, se exploran caminos para los compromisos de países, grupos de países, ciudades, empresas y sociedad civil. El acento se ha trasladado de las medidas protectoras frente a lo inevitable, como las de atenuación, mitigación y fondos verdes, hacia la reducción de las emisiones de CO2, a través de “presupuestos de carbono” verificables y obligatorias.

El proyecto británico es un conjunto ingenioso de mecanismos en los que, con base en propuestas de un comité científico autónomo, el gobierno toma decisiones y el parlamento las adopta, dando presupuestos. Un fondo de carbón público y estructura privada vence las resistencias de las empresas y provee soluciones con apoyo en universidades y centros de investigación.

El propósito es lograr reducir emisiones contaminantes hasta en 80% para el año 2050, aunque no pude omitir el dicho de Keynes: “En el largo plazo todos estaremos muertos”. Existe, sin embargo, la posibilidad de ajustar y adelantar las metas cuatrienales de acuerdo a los avances tecnológicos, el consenso entre partidos y el cambio en el entorno mundial. Una modificación genuina de los patrones de producción y consumo de energía exige distinta correlación de fuerzas.

En nuestro caso la cuestión reside en la vigencia del Estado de derecho y en la voluntad política real para sobreponerse a los poderes fácticos. Los planes nacionales de desarrollo previstos en el artículo 26 de la Constitución —a diferencia del proyecto británico— sustituyen las cifras y los compromisos reales con adverbios, adjetivos y buenas intenciones. ¿Si “cambio sustantivo” equivaliera a 60%, en cuánto estimaríamos una “transformación radical” o cómo emprenderíamos una “revolución energética”?

La aprobación de la ley en la Cámara de Diputados podría dar origen a un curso de acción diferente. Parece indispensable añadir al texto un plan de acción que determine claramente las responsabilidades en los tres niveles de gobierno, cree los órganos pertinentes y establezca presupuestos para una tarea de tal envergadura. Ello debiera conducirnos a la reforma del sistema nacional de planeación democrática, para ser sancionado en última instancia por el Congreso.

Tanto para nosotros como para los demás países es menester integralidad en los proyectos. Mal podríamos acometer cambios de relevancia si careciésemos de un proyecto nacional de energía que prescindiera gradual pero drásticamente del uso de combustibles fósiles y reconvirtiera nuestra riqueza petrolera en materia prima para la producción masiva de petroquímicos. Tales decisiones demandan a su vez de una reforma fiscal en profundidad y en una nueva inserción de la economía mexicana en el mundo global.

Algunos sugirieron que los empeños británicos son parte de una división del trabajo entre los países industrializados: mientras unos siguen afirmándose como potencias petroleras, otros preparan el porvenir a través de la diseminación de los conocimientos y las tecnologías de las fuentes nuevas de energía.

En dado caso, es un problema sistémico que no puede afrontarse desde un solo ángulo. El fin del ciclo neoliberal está marcado por la crisis financiera y el deterioro económico, la otra cara de la moneda es el cambio climático. La obra es cabal y comprende el desarme nuclear y el fin de las guerras depredadoras. Esa es la dimensión del desafío que debiera encarar el grupo de los 20. Requiere tamaños políticos y moral pública.

Diputado federal por el PT



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