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Javier Lozano

Los abajo firmantes

Javier Lozano Alarcón, oriundo del estado de Puebla, es actualmente secretario del Trabajo.

Es fundador del Instituto del D...





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28 de noviembre de 2011

Cuando a la ruindad humana se suma la ignorancia jurídica y el oportunismo político-electoral, el resultado no puede ser otro más que un auténtico bodrio.

Es el caso de un grupo de iluminados que se dicen intelectuales o juristas y que, animando a otros activistas, tuvieron la ocurrencia de solicitar la intervención de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, para abordar lo que, a su decir, constituyen crímenes de guerra; de lesa humanidad; y de genocidio en México.

Los acusados son el Presidente de la República y los secretarios de la Defensa Nacional; de Marina; de Seguridad Pública y el líder del cártel del Pacífico Joaquín El Chapo Guzmán. Sí, como lo leyó. Las máximas autoridades en materia de seguridad pública y nacional de nuestro país al lado de un buscado e inescrupuloso delincuente integran el objetivo de tan absurda acometida.

La demanda presentada por el “abogado” Netzai Sandoval Ballesteros y que habría sido respaldada por 23 mil 700 mexicanos (debidamente adoctrinados) parte del supuesto de que en México existe una intención sistemática y generalizada de violar los derechos humanos; que a diario se cometen asesinatos con agravantes de responsabilidad por parte del Ejército mexicano; torturas sin fin; ejecuciones extrajudiciales y, en el extremo, instrucciones del Presidente de la república para agredir —sistemáticamente también— a migrantes centroamericanos.

Para ampliar la justificación de su valiente acción internacional, este grupo de activistas se han servido de las sesudas reflexiones y explicaciones “jurídicas” de Loretta Ortiz (a quien alguna vez quise y respeté) y de John M. Ackerman (a quien intelectualmente jamás he respetado). Ya en foros y publicaciones, ya en redes sociales y entrevistas, ambos exponen aparentes razones técnicas pero, en el fondo, destilan rencor con tufo de revancha. No acaban de aceptar, cinco años después, su infortunio electoral.

Bien nos enseña Gerardo Laveaga que el Estatuto de Roma no aplica en ninguno de los casos en comento presentados ante la Corte Penal Internacional. En primer lugar, porque “este organismo tiene carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales” y no sustitutivo. Es decir, sólo podría actuar en caso de que en nuestro país o no hubiere leyes o instituciones para la procuración e impartición de justicia o que éstas se negaran a actuar.

En segundo lugar, abunda Laveaga, porque los crímenes de guerra suponen la existencia de un conflicto armado con carácter de auténtica guerra, según lo definen las Convenciones de Ginebra, cosa que no pasa en México.

En tercer lugar, porque los crímenes de lesa humanidad precisan de ataques generalizados o sistemáticos contra la población, ordenados por el Presidente, lo que a todas luces tampoco ocurre.

Y, en cuarto lugar, porque no se está frente a un verdadero genocidio, puesto que el propósito de tal delito sería destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Aquí, en realidad, de lo que se trata es de combatir con toda la fuerza del Estado al crimen organizado pero siempre con base en nuestras leyes e instituciones.

Otra opinión sensata es la de Iliana Rodríguez, profesora, investigadora y experta en derecho internacional del Instituto Tecnológico de Monterrey (campus ciudad de México) quien afirma que es totalmente inapropiado hablar de crimen contra la humanidad como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil “si vemos que hay 32 entidades federativas y en algunas la violencia es más fuerte que en otras y se presenta de manera atípica y errática. Pero además, para integrar el cuerpo de ese delito, continúa Rodríguez, se debe probar que hubo una instrucción superior expresa para cometer tales atrocidades.

En suma, estamos frente a un verdadero despropósito. Acusar al presidente Calderón ante cortes internacionales por hacer su trabajo y cumplir —como ninguno de sus antecesores lo había hecho— con la obligación primaria, constitucional y moral inherente a su cargo, es una actitud ruin, propia de la insensatez, de la ignorancia y de la actitud revanchista de quienes no saben perder.

Ackerman, Ortiz, Sandoval y comparsa que les acompaña en su aventura jurídica internacional saben bien que no procederá dicha demanda en La Haya. Pero eso no importa. Aquí de lo que se trata es de explotar un tema mediáticamente, polarizar ánimos y alentar delincuentes. Total, so pretexto de las libertades, se abandonan responsabilidades.

Afortunadamente somos muchos más los mexicanos de buena fe que sabemos y confiamos en que se está actuando con la firmeza, la legalidad y la institucionalidad que el caso amerita. Y sepan bien los pomposamente llamados “abajo firmantes” que todavía quedamos buenos abogados en el foro para responderles como merecen.

Secretario del Trabajo



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