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Detrás de la Noticia | Ricardo Rocha

Aguas Blancas: 20 años de injusticias

Ricardo Rocha ha sido redactor, reportero, corresponsal de guerra, productor y conductor de programas.

En 1977 cubrió por dos meses la ...

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Miércoles 01 de julio de 2015

En este país no hay justicia. Este domingo se cumplieron 20 años ya de la matanza a sangre fría de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, en Guerrero. Originalmente el gobierno mintió sembrándoles armas a los muertos y argumentando un fuego cruzado. El video que difundimos entonces probó inequívocamente que un centenar de elementos de la policía motorizada del estado los interceptaron y emboscaron.

A dos décadas de distancia, el crimen múltiple no está resuelto y siguen libres Rubén Figueroa Alcocer, sus principales funcionarios y un tal Ernesto Zedillo, quien trabajaba de Presidente y era su compadre del alma. Alguien dirá que con la renuncia de Figueroa se hizo justicia. No fue así. Él renunció por una enorme presión política y mediática. Pero también para ser protegido con un amplio velo de impunidad.

Algo similar pasó en la otra matanza que el destino quiso que testimoniara. “Echan bala y quieren matar”, me dijeron indígenas de Las Abejas, aquel 7 de diciembre de 1997. Dos semanas después, 48 de ellos fueron masacrados por un centenar de paramilitares al servicio de terratenientes y gobierno.

La crisis generada por la masacre llevó a la renuncia de Emilio Chuayffet, secretario de Gobernación entonces. De 2009 a la fecha, 54 de los 70 matones que participaron en el horror ya están libres.

Y ayer se cumplió el primer aniversario de Tlatlaya, Estado de México. Según los militares, llegaron a inspeccionar una bodega cuando fueron recibidos a tiros por un grupo armado: 22 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron en el enfrentamiento a tiros con los soldados. A pesar de las versiones contradictorias, existen sospechas fundadas de que, al menos 11 de los muertos, fueron fusilados o ejecutados.

Es de reconocerse la actitud del general, secretario Salvador Cienfuegos cuando en entrevista con Carlos Benavides de EL UNIVERSAL, admite que hay que esperar el veredicto del juez y que “si los soldados son culpables los castiguen, si no, que los exoneren”. Pero la pregunta es inevitable: ¿De verdad, nadie en la Secretaría de la Defensa Nacional a su cargo, sabe qué fue lo que pasó exactamente en Tlatlaya?

Una pregunta similar podría plantearse para el icónico caso de Iguala-Ayotzinapa. Recién se cumplieron 9 meses de la desaparición de los 43 normalistas y todavía no hay una explicación plenamente creíble y confiable. Ha habido en cambio una serie de elucubraciones macabras y fantasiosas disfrazadas de verdad oficial. En sentido contrario se desecharon líneas de investigación que parecían obligadas, como la presencia del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 batallón de Iguala, en la fiesta de María de los Angeles Pineda, esposa del alcalde José Luis Abarca, el día de la balacera y desaparición. ¿Alguien puede creer que los Abarca —prófugos y capturados— no han aportado nada para llegar a la verdad? ¿O lo que dijeron es tan terrible que prefieren sepultarlo?

A veces he oído que es mejor ocultar verdades horrendas y pagar el costo político. Y siempre me pregunto si hay un mayor costo político y social que la incertidumbre, la rabia, la frustración y este gigantesco sentimiento brutal de injusticia que cargamos entre todos los mexicanos.

Periodista.
ddn_rocha@hotmail.com



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