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Empresa | Alberto Barranco

Telcel en capilla

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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Anticipada la compra de la lupa hace varias semanas, finalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó el inicio de un procedimiento para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por Telcel hace cuatro años para evitar la madre de todas las multas.

Jueves 18 de junio de 2015

Estamos hablando de la que le había impuesto, en un farragoso escenario en que hubo zancadillas por parte de los propios comisionados, la Comisión Federal de Competencia, hoy de Competencia Económica.

Estamos hablando de 11 mil 900 millones de pesos, equivalentes al 1.8% de la facturación anual de la firma de telefonía móvil.

El castigo, aprobado tras un empate entre cuatro de cinco comisionados, uno de ellos se excusó de participar aludiendo un posible conflicto de intereses, por el voto de calidad del entonces presidente del organismo, Eduardo Pérez Motta, se había impuesto por supuesta reincidencia de la empresa en una práctica monopólica relativa.

Concretamente se hablaba de que la filial de América Móvil del magnate Carlos Slim había facilitado la comunicación entre sus usuarios vía descuentos en materia de tarifas de interconexión en relación con lo que se cobra a otras empresas, en paralelo al costo por terminación de llamadas.

La revisión de los compromisos de Telcel aprobada por mayoría de seis de siete comisionados del organismo que heredó las facultades en materia de antimonopolios de la Comisión Nacional de Competencia en el ámbito de las telecomunicaciones no es gratuita.

Detrás hay una resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a la instancia a reabrir el expediente.

La resurrección del asunto la provocó un recurso de inconformidad planteado hace cuatro años al fragor del escándalo por la reversa, por la empresa Cablemás, filial de triple play de Televisa.

En la ruta, vía vehículos separados, habían caminado también firmas como Alestra, Megacable y Iusacel.

La resolución de la sala apuntaba a revisar si fue justa la derogación de la pena pecuniaria, llegó con el voto de tres de cinco ministros.

Como el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tiene opción de juzgar a la CFE, afrontó su responsabilidad con la revisión de los compromisos, es decir, coloca en la balanza si la empresa cumplió el escenario que motivó a favorecerla.

Como sea, de resultar negativa la evaluación habría otra sanción pecuniaria contra la firma, ésta por el equivalente a cinco tantos de la megamulta.

Estamos hablando de 60 mil millones de pesos, equivalentes ahora al 8% de la facturación anual de Telcel.

El pacto hablaba de que la compañía de telefonía móvil abaratara sus tarifas de interconexión desde 95 centavos por minuto a 36.18 en 2012 para aterrizar a solo 30.44 en el primer trimestre de 2014.

Naturalmente, las nuevas tarifas serían aplicables a sus propios usuarios.

Piso parejo para todos.

El resto de los compromisos hablaba de evitar promociones que favorecieran solo a los clientes de la compañía.

Ahora que Telcel logró el acuerdo al sacar de la jugada al presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Motta, a quien acusó de haber ofrecido una declaración a los medios en que adelantaba prácticamente su intención de voto, argumentando la necesidad de equilibrar la competencia.

Juzgado por sus propios compañeros, éste fue recusado para participar en la discusión de un recurso de revisión ante la megamulta interpuesto por la afectada.

La salida del personaje incómodo allanó el camino para el arreglo.

La primera investigación contra Telcel, que derivó en una multa bajo un escenario laxo, se había iniciado en 2006. La segunda llegó cuatro años después.

Balance general. De prosperar la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena en el punto final de la Suprema Corte sobre el diferendo entre el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo México de Germán Larrea Mota Velasco, éste sería el perdedor.

De acuerdo con la óptica del ex presidente del Servicio de Administración Tributaria, los estatutos internos del emporio de terminales aéreas están por encima de la Ley del Mercado de Valores.

Bajo esa lógica, el GAP obtendría un amparo contra la resolución de un tribunal colegiado que exigía respetar la tenencia del empresario equivalente a 32% de las acciones en circulación del consorcio en su serie B, y en consecuencia darle tantos asientos en el Consejo de Administración como reclama su proporción.

De acuerdo con el estatuto interno de la emisora, ningún particular, persona física o moral puede acumular más de 10% de participación en el capital… contrario a la libertad total que ofrece la ley que regula las operaciones bursátiles.

Lo curioso del caso es que el ministro ponente, más que un absurdo jurídico, lo que está defendiendo es el esquema en que se privatizaron los aeropuertos durante el régimen zedillista.

Como usted sabe, la serie accionaria se dividió en dos, un paquete A de control, equivalente a 15%, y el resto para colocarse en el mercado.

Con solo un tercio de las primeros papeles, cualquier firma puede detentar la administración del emporio.

Lástima, Margarito. La noticia es que el ex presidente de la Concamin, Francisco Funtanet, no logró alcanzar la anhelada curul que según ello lo catapultaría como candidato para gobernador del Estado de México.

Su nombre estaba en la lista de posiciones plurinominales o de partido del Verde Ecologista para un asiento en la Cámara de Diputados, representando al Estado de México.

La paradoja del caso es que el fiasco lo provocó el que el partido del juego sucio a favor el PRI logró una inesperada votación en la entidad federativa, lo que redujo sus expectativas de plurinominales.

La gran pregunta es si el empresario-político quiera regresar a la posición que tenía en el Consejo Técnico del IMSS, para no perder la cancha.

Se acabó el gas. Aunque en primera instancia fueron 22 las empresas que externaron su intención de participar en la pelea por los nueve ingenios que pertenecían al Consorcio Azucarero Escorpión, la lista se fue reduciendo.

Solo la mitad de ellos presentó, por ejemplo, una solicitud de revisión ante la Comisión Federal de Competencia Económica para verificar si no habría objeción para participar, de los cuales solo uno fue bateado.

Ahora que fueron 12 los que pagaron una garantía de seriedad de cinco millones de pesos… con la novedad de que solo siete llegaron a la recta final.

¿Los espantó el precio? ¿Los detuvo el escenario difícil del sector?

albertobarrancochavarria0@gmail.com



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