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Empresa | Alberto Barranco

Protegen acereras a toro pasado

Periodista, cronista de la Ciudad de México, hombre de letras y, al mismo,tiempo profesional de la economía. Analiza en la radio y en la pren ...

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Hace unos días, en un triple play de antología, el subsecretario de Industria y Comercio de Economía, Rogelio Garza, hizo pública su ignorancia sobre el escenario de la siderurgia, uno de los sectores clave del país, justo el que enfrenta la situación más crítica en la actual coyuntura

Lunes 15 de junio de 2015

A su docto entender, galones en ristre que lo empujaron al cargo, el funcionario señaló que México producía 70 millones de toneladas anuales de acero… para luego retractarse y señalar que eran 70 mil.

Y ya encarrerado en su cátedra, habló de que el entorno global tenía una “sobrecapacidad” de acero de entre 250 mil y 300 mil toneladas.

El caso es que la producción anual del país es de 20 millones de toneladas. El caso es que China, solo China, está produciendo 800 millones de toneladas, con un consumo interno de 400, lo que genera una sobreoferta de idéntico tamaño.

Se diría, pues, que los ceros y los dígitos se le hicieron bolas al señor subsecretario.

Quizá por ello, ya ve usted que los ábacos están escasos, la Secretaría de Economía se tardó tanto en plantear una serie de acciones para estabilizar el sector siderúrgico.

Del tamaño de la tragedia de la rama habla el que Altos Hornos de México haya anunciado, sin poner cara de chiste, que iba a reducir drásticamente su producción… ¡para venderle a su clientela acero chino!

El inaudito se inscribe en una tragicómica realidad: China está de ganga. El costo de la lámina rolada en frío que en el 2011 se ubicaba en mil 50 dólares, se encuentra hoy en 650. El de la lámina rolada en caliente pasó a su vez de 650 a 500 dólares.

En la imposibilidad de competencia equilibrada, mientras la producción del país de la muralla creció el año pasado 13.3%, la de México apenas llegó a 1.47.

A nivel global el promedio es de 1.16%.

Durante el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con cifras oficiales, a la par de una caída en la producción siderúrgica nacional de 6.6%, las importaciones crecieron 15.2%, buena parte de ellas bajo el cobijo de prácticas desleales de comercio.

Las exportaciones mexicanas, al fragor de la sobreoferta china, disminuyeron 29.3%. En el tsunami, hete aquí que Tubacero paralizó una flamante planta que había construido, con una inversión de 90 millones de dólares, en el Interpuerto de Monterrey.

La factoría, inaugurada en febrero de 2014, lleva dos meses inactiva.

Más allá, la propia Altos Hornos de México redujo en 3 mil millones de dólares sus expectativas de inversión, además de reducir en 25% su planta laboral, mientras Arcelor Mittal realizó un “paro técnico” que implicó apagar sus altos hornos, lo que lleva semanas restituir.

La amenaza acecha al menos a ocho mil empleos.

Aunque la Secretaría de Economía presume que existen 18 resoluciones a favor de empresas nacionales por dumping o precio inferior al mercado de origen, lo cierto es que en la emergencia en Estados Unidos se han emitido 152 y en la Unión Europea 129.

Ahora que mientras en el vecino norte las resoluciones tienen efecto retroactivo desde el inicio de la investigación, en México éste llega a partir de emitirse el fallo.

Se diría que el pozo es tapado cuando el niño ya se ahogó.

Por lo pronto, en el nuevo escenario previsto por Economía, la promesa habla de siete medidas.

La primera plantea acelerar las investigaciones en marcha por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales. Más allá, iniciar la redefinición de los procedimientos de investigación de comercio desleal, a fin de simplificar, acelerar e igualarlos con los países que cuentan con instrumentos más modernos.

En abundancia, se reducen los requisitos para iniciar investigaciones antidumping, se disminuye el tiempo de resolución de las investigaciones, se eliminan dos dígitos el número de fracciones arancelarias a efecto de agrupar más productos en una sola investigación y se permite la acumulación de países durante el proceso.

Finalmente, ahora sí, las cuotas compensatorias impuestas a infractores serán retroactivas a partir del inicio de la investigación.

Lástima que el pial llegue a toro pasado.

 

Balance general. Ahora resulta que Petróleos Mexicanos solo le pagará, a título de indemnización, 540 millones de pesos más intereses acumulados, al gobierno de Hidalgo por la frustrada posibilidad de una refinería en la zona de Tula.

La entidad federativa comprometió préstamos para la compra del terreno de 70 hectáreas por mil 500 millones.

Este pasó a propiedad de la empresa productiva de Estado.

Como recordará usted, durante la gestión de Jesús Reyes Heroles González Garza, Pemex planteó un concurso entre Guanajuato e Hidalgo para designar la sede, lo que incluía la adquisición de terrenos ejidales, farragosa negociación al calce, sin tener gravamen alguno.

El desgraciado, dijo el agraciado, fue el segundo. El proyecto naufragó sin más cuando solo se había construido una parte de la barda perimetral de resguardo.

Naturalmente, el numerito desequilibró las finanzas de la entidad federativa.

 

Siempre sí. Declarado por su director general, Sergio Hidalgo Monroy, que la constructora OHL congelaría su partida para recompra de acciones en circulación hasta en tanto no se aclarara el escándalo derivado de grabaciones ilegales de que fue objeto, ahora resulta que siempre sí.

El fondo de 550 millones de pesos se reactivó el viernes pasado, lo que permitió, al fragor de la demanda, un ligero repunte en el precio de los papeles.

Como usted sabe, a raíz del escándalo estos habían perdido la cuarta parte de su valor.

La empresa ha señalado insistentemente ser víctima de un complot para debilitarla.

 

Van 24 por la 12. El jueves pasado se llevó a cabo la séptima junta de aclaraciones por parte de las 24 empresas interesadas en participar en la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

La Secretaría de Obras Públicas, encabezada por Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, debió contestar más de 700 preguntas.

Al acto asistieron representantes de la Contraloría General, además de un testigo social. La exigencia es que las firmas certifiquen su proceso y aun los materiales de sus proveedores ante laboratorios especializados.

Más allá, la licitación habla de comprobar su experiencia en diferentes tipos de obra, incluyendo excavaciones profundas y túneles.

Los trabajadores de las firmas ganadoras deberán estar inscritos en esquemas de seguridad social.

 

albertobarrancochavarria0@gmail.com



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