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Política Zoom | Ricardo Raphael

¡Destruye al mensajero!

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Jueves 12 de marzo de 2015

El patrón se repite: si no gusta lo que se dice hay que descalificar a la voz que lo dice. Ayer le tocó al grupo de peritos argentinos que participó en la investigación sobre los normalistas desaparecidos y también al periódico New York Times. Esta vez fue el turno de Juan E. Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura.

No hay empacho ni vergüenza en señalar como mentiroso, inexacto o falto de profesionalismo a todo aquel que presenta un argumento contrario a las creencias del gobierno.

Méndez afirmó que en México “la tortura y los malos tratos, usados como castigo y como medio de investigación, están generalizados.”

¿Por qué se atrevió ese señor —que ni mexicano es— a decirnos cómo han de conducirse nuestras autoridades en el cumplimiento de su deber?

El embajador Jorge Lomónaco reviró en Ginebra, a nombre de la cancillería, que Méndez no ofreció una reflexión objetiva, ni ponderó los distintos puntos de vista.

Lo acusó también de no haber sustentado sus dichos y de considerar sólo 14 casos para defender el argumento.

“El informe es duro porque la realidad es difícil, y es mi obligación,” aseguró el relator en una demoledora entrevista concedida al reportero Juan Martínez Ahrens, la cual se publicó el lunes pasado en el diario español El País.

Ahí este hombre, conocido por la prensa internacional como la pesadilla de los torturadores, culpó al gobierno mexicano por no tomarse en serio la gravedad del problema, la repetición de los comportamientos y la ausencia de controles para combatirlo.

“La autoridad (mexicana) tiene manos libres en los interrogatorios, sobre todo cuando se trata de sujetos acusados de participar en el crimen organizado.”

Es una quijotada desestimar el documento. El peso moral de Méndez es internacional: fue defensor de presos políticos durante la dictadura Argentina; a manos de aquel régimen él mismo sufrió tortura durante 18 meses; fundó el capítulo para las Américas de Human Rights Watch; fue asesor especial del secretario general de la ONU para prevenir el genocidio; fue integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; además ha sido catedrático de Oxford, Johns Hopkins, Georgetown y Notre Dame, entre otras universidades.

¿Con qué credenciales puede Lomónaco tirar el trabajo de este experto por el cubo de la escalera? Sobre todo cuando la información con que contamos dentro del país ratifica lo dicho por el relator de la ONU.

Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, en un documento próximo a publicarse —La arbitrariedad como método de trabajo— da prueba del incremento que la tortura mostró en México durante la administración de Felipe Calderón.

Mientras los golpes y la tentativa de asfixia se cuadruplicaron, el uso de toques eléctricos se multiplicó por seis. Así lo reportan las encuestas levantadas en reclusorios.

Por su parte, el jurista Alejandro Madrazo, de la misma institución, afirma que uno de cada cuatro actos de tortura fueron cometidos por la autoridad militar.

No se poseen datos parecidos para valorar si, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tales cifras se han modificado, ya que no existen sondeos más recientes en las prisiones.

Pero si nos atenemos al reporte del relator de la ONU, las cosas parecieran haber cambiado poco.

En cualquier caso, lo más preocupante es la negación de la realidad que viene caracterizando al gobierno mexicano frente a temas muy delicados cuya repercusión es global.

ZOOM: ¿Cuántos mensajeros más pasarán a la lista negra de los equivocados? ¿Cuántos más serán señalados por sus intenciones chuecas? ¿Cuántos por ser parte de una conspiración? ¿Cuántos más serán injustamente tratados como ineptos?

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