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Política Zoom | Ricardo Raphael

Ayotzinapa: la hipótesis peor

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Tuvo razón Murillo cuando en aquella conferencia de noviembre del año pasado afirmó que habría sido mucho peor si los militares hubieran jugado algún papel

Jueves 15 de enero de 2015

Fue Jesús Murillo Karam quien lo dijo primero: “¿Qué habría pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento, a quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad, hubiera sido peor, mucho peor, qué bueno que no salió.”

¿Mucho peor para quién? Es difícil imaginar una circunstancia más infame para las víctimas o sus familiares: mayor violencia contra esos jóvenes normalistas era imposible.

Cuando pronunció aquellas palabras muy probablemente el procurador estaba pensando en el Estado mexicano. De haber participado las Fuerzas Armadas en la masacre del 26 de septiembre, el daño a las actuales instituciones nacionales sería irremediable.

De cara a la comunidad internacional la autoridad ha querido gestionar la narrativa de aquellos hechos presentando el problema como si fuera una excepción que solo podía ocurrir en Iguala, acaso en Guerrero, pero no en el resto del territorio mexicano.

Sin embargo tal explicación sería insostenible si el Ejército hubiera jugado un rol activo o pasivo en el secuestro, desaparición o exterminio de las víctimas.

Aún si en ambas hipótesis —desde el punto de vista jurídico— se está ante un crimen de Estado, lo cierto es que resulta distinta la gravedad en dependencia del rango de la autoridad involucrada en los hechos criminales. Para efectos prácticos, no es lo mismo procesar a José Luis Abarca, un presidente municipal como hay muchos, que a un general del Ejército mexicano.

Tuvo por tanto razón Murillo cuando en aquella conferencia de noviembre del año pasado afirmó que habría sido mucho peor si los militares hubieran jugado algún papel.

El problema hoy, tres meses y medio después, es que crecen los argumentos tendientes a una hipótesis diferente. Hay cabos sueltos en la historia oficial que han convencido a más de uno sobre la eventual intervención de las Fuerzas Armadas en los hechos de Iguala.

Días después de la tragedia apareció en la red el testimonio de Omar García, un estudiante de la Normal Isidro Burgos, quien el día fatídico acudió para auxiliar a sus compañeros heridos y se topó con un grupo de soldados que a él y otras víctimas los trataron de manera sospechosa.

De acuerdo con su testimonio, un militar les dijo: “Ustedes se lo buscaron, querían ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle y aguántense.” Acto seguido, mientras los muchachos recibían llamadas por sus aparatos celulares, esa misma autoridad les obligó a ocultar la presencia del Ejército en la zona.

Al final aquellos soldados no fueron capaces siquiera de llamar a una ambulancia para atender a un herido que se estaba desangrando.

Es imposible creer que aquellos efectivos no se comunicaron con sus superiores del Batallón número 27 para solicitar instrucciones. Cabe por tanto suponer que ese comportamiento peculiar fue la consecuencia de una orden recibida por el mando superior.

A partir de este testimonio y otros similares puede inferirse que está equivocado Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, cuando afirma que el Ejército se abstuvo de involucrarse en los sucesos de Iguala. Si la declaración de García tiene algo de verdad, al menos podría señalarse a esa autoridad por su negligencia y pasividad frente a la tragedia.

A esta pieza de información han venido sumándose otras relacionadas con la incredulidad que despierta la supuesta cremación de los cadáveres en el basurero de Cocula.

Se teoriza que para ese terrible propósito pudieron haber sido utilizados los hornos crematorios de la Zona Militar, previo a que los restos fuesen arrojados al vertedero municipal y el río San Juan.

Esta última conjetura es todavía débil pero, como cualquier otra, merece ser resuelta con el mismo rigor que aquellas compatibles con la narrativa oficial.

En este tema como en muchos otros la percepción es tan importante como la realidad y no ha sido todavía derrocada la premisa de que el Ejército pudo haber tenido alguna participación.

Ante la negativa de explorar “la hipótesis peor” es que se entiende por qué los padres de los jóvenes desaparecidos tomaron el pasado lunes la decisión de ingresar por la fuerza al cuartel del Batallón número 27 de infantería ubicado en el municipio de Iguala.

ZOOM: Esta semana se escuchó con estridencia la voz del senador Armando Ríos Piter cuando advirtió que la autoridad federal quiere apostar por el olvido. Con respecto a la impunidad que busca para sí del gobierno federal, el llamado Jaguar nos debe una mejor explicación sobre las razones que lo llevaron a abandonar su candidatura a gobernador.

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