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Política Zoom | Ricardo Raphael

¿Quiénes son realmente esos agitadores?

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Desde finales de 2012 la autori- dad ha detenido a 460 personas, acusadas por violentar la ley en manifestaciones, pero a ninguna se le ha encontrado culpable de los hechos imputados

Jueves 27 de noviembre de 2014

Gilberto Rincón Gallardo solía tener colgada en el estudio de su casa una fotografía publicada en un diario de finales de los años sesenta que mostraba sólo su rostro y un pie donde se le acusaba de participar en cuanto movimiento subversivo sucedía por aquel entonces en el país.

La nota junto a la imagen informaba que ese líder comunista había lanzado bombas molotov contra un inmueble público.

Quien años más tarde fuera candidato presidencial bromeaba entre sus amigos preguntando cómo era posible que él hubiera lanzado bomba alguna si su discapacidad física se lo impedía.

El Estado mexicano siempre ha sido más eficaz para fabricar culpables que para encontrarlos. Ahí radica buena parte de su deslegitimación a la hora de gobernar con la ley. Cada vez que la autoridad señala a un presunto responsable, la duda corroe. Y es que después de una larga historia de fuegos jurídicos artificiales, resulta difícil creerle.

Desde finales de 2012 la autoridad ha detenido a 460 personas, todas acusadas por violentar la ley en manifestaciones cuyas causas son de lo más diverso; entre ellas la protesta contra la toma de posesión del Presidente, las marchas para denunciar la reforma educativa o las movilizaciones relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, de tal cifra que se antoja alta, a ninguna persona acusada se le ha encontrado culpable de los hechos imputados. Una tras otra ha sido liberada por los jueces, ya que la autoridad que las detuvo no presentó pruebas convincentes de que hubieran participado en los eventos señalados.

La última ola de hechos vandálicos formalmente se estrenó hace dos años con las manifestaciones en el centro de la capital del 1º de diciembre. La versión más creíble sobre lo que verdaderamente ocurrió en ese episodio la ofreció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: de acuerdo con esta instancia, la policía capitalina intentó durante un tiempo prolongado contener las agresiones que sufrió por los sujetos violentos ya que el mando superior instruyó para que los granaderos no hicieran uso de la fuerza pública.

No fue hasta que la prensa comenzó a registrar imágenes violentas cuando la policía capitalina, entonces todavía bajo el mando de Marcelo Ebrard, cambió de estrategia. Desde el punto de vista político no era conveniente que esas agresiones fuesen presentadas ante la opinión pública sin que alguien —que no fuera el gobernante— pagara por sus consecuencias.

Fue entonces que se giró la orden para que se detuviera “a todo aquel que pareciera responsable”. Dado que esa instrucción llegó cuando el momento más álgido de la confrontación ya había pasado, la búsqueda de chivos expiatorios resultó un fracaso. Todo indica que ninguna de las personas a quienes se detuvo aquel día había participado en la trifulca. Prueba de ello fue que, cuando los casos llegaron ante la justicia, uno a uno fueron desechados.

Diez meses después otro caso se volvió emblemático: el de Mario González, un estudiante a quien se detuvo el 2 de octubre de 2013 cuando iba de camino a una manifestación conmemorativa de la matanza de Tlatelolco, y que por tal motivo no llegó a participar en ella. A este joven se le torturó y encarceló durante 13 meses; y sin haber prueba alguna que lo inculpara por la comisión de actos delictivos, se le sentenció a cinco años de prisión.

Hace apenas dos meses un tribunal colegiado del Distrito Federal revocó tal sentencia y ordenó su liberación inmediata ya que los jueces de segunda instancia encontraron que el proceso seguido en contra suya estaba plagado de irregularidades y el material probatorio era todo fabricado.

Antecedentes como éste son los que sustentan el ambiente de desconfianza generalizada sobre lo que es verdad y lo que es simulación en las detenciones ocurridas los días 20 y 25 de noviembre.

ZOOM: El ministerio público consignó a los varones detenidos durante la manifestación del 20 de noviembre ante un juez de distrito formado en el Estado de México. Su juzgado no es especializado en procesos penales por lo que no debieron haberle tocado estos casos. Por ambas razones cabe sospechar que se está frente a un juez a modo.

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