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Política Zoom | Ricardo Raphael

Peña Nieto en jaque

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¿Pueden el Ejército y la Marina ingresar a una entidad sin que los poderes locales acuerden los términos o, en su caso, hayan desaparecido? Si Aguirre se resiste, no va a ser fácil declarar esa desaparición

Lunes 20 de octubre de 2014

La fila de vehículos militares fue impresionante. Una caravana ocupada por hombres armados avanzó lentamente sobre la carretera, desde la salida de la ciudad de México hasta Toluca y de ahí con dirección a Morelos.

El pasado sábado se lanzó un gran operativo que no fue publicitado y tampoco bautizado pero el despliegue de fuerza recuerda el ingreso del Ejército al estado de Michoacán de diciembre de 2006.

No termina uno de acostumbrarse a ver tanquetas, camiones y carros de color olivo que en otros tiempos los mexicanos sólo mirábamos en los desfiles y los filmes de guerra.

Esta vez los lugares destinados para las operaciones bélicas fueron Taxco, Arcelia, Buenavista de Cuellar, San Andrés Totolapa, Altamira, Tlatehuala, Coyuca de Catatlán y Zirándaro de los Chávez. Cientos de militares y marinos entraron por una puerta trasera de Guerrero para ocupar tales poblaciones. Antes las fuerzas federales ya controlaban Iguala y Cocula.

No importa que el gobernador Ángel Aguirre se aferre a su silla. Con o sin su permiso, el gobierno federal invadió ya once poblaciones de Guerrero y acaso vaya a sumar en breve una decena más.

Busca como enemigo a quien secuestró a los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, pero es evidente que la apuesta federal va más lejos. Como otras, esa entidad está gobernada por criminales que además son autoridad legalmente votada. El caso del edil José Luis Abarca no es una excepción.

Después de la tragedia de Iguala tal realidad se hizo pública, no solo en México sino en el extranjero. Ayotzinapa elevó el sonido de las alarmas sobre un país en riesgo.

Como ejemplo vale mencionar que esta semana el Parlamento Europeo discutirá “con carácter de urgente” el caso de los normalistas desaparecidos.

Estos hechos destruyeron la narrativa de un gobierno que supuestamente combatía con inteligencia y valor a los mafiosos del narco; en el capítulo que ahora tiene atrapada a la audiencia extranjera, se prueba que los criminales son parte del gobierno mexicano.

Para los nacionales no es novedad, pero fuera del país sí lo ha sido: un narcoestado gobierna México. Ese es el mensaje que pone en jaque a Enrique Peña Nieto. Todo su proyecto para presentar a la nación como una de las futuras potencias económicas se está yendo por la borda debido a Ayotzinapa.

Este hecho es distinto porque el presunto asesino es una autoridad y también porque en la búsqueda de los estudiantes secuestrados se han cosechado, ante el potente obturador internacional, fosas con cadáveres desconocidos.

De ahí el desplante militar. Es una reacción teatral para precisar dónde debe residir el verdadero poder del Estado.

Sin embargo, Peña Nieto decidió no vestirse de verde, ni tampoco bautizó su estrategia como Operación Conjunta Guerrero. Y es que, además de la fama negativa de la experiencia anterior, esta vez el gobernador de la entidad no quiere cooperar. Así que, por ahora, se trata de una operación unilateral del Ejecutivo que por tal razón podría desbarrancarse sobre los márgenes de la ilegalidad.

¿Pueden el Ejército y la Marina ingresar a una entidad sin que los poderes locales acuerden los términos o, en su caso, hayan desaparecido?

En la Cámara Alta se preparan para dictar mañana mismo la desaparición de los tres poderes en Guerrero. De ocurrir, sería la sexta vez que sucede en esa entidad desde 1917. Tres de ellas tuvieron lugar porque el gobierno local violó garantías individuales de ciudadanos involucrados con movimientos justicieros, y una cuarta ocurrió en 1918 porque la autoridad se rebeló contra el gobierno federal.

Ninguna otra entidad ha coleccionado una lista tan larga de episodios similares.

Pero esta vez, si Aguirre se resiste, no va a ser fácil declarar la desaparición. Por lo pronto el Tribunal Superior de Justicia del estado cerró ya filas con su gobernador, lo mismo que el PRD local.

Y sin embargo la administración de Peña Nieto necesita actuar rápido en contra suya y a la vez hacerlo dentro de la ley. Para ello está reclamando todo el respaldo de los partidos con los que firmó el Pacto por México. Y las dirigencias nacionales del PAN y del PRD parecen estar dispuestas a dárselo.

De salir bien el operativo destinado a recuperar territorio ocupado por las mafias será enviada una señal al extranjero sobre la capacidad del actual gobierno federal para erradicar el narcoestado, que en algunas regiones es la única autoridad vigente.

Zoom: Para ello es indispensable que Aguirre caiga. Pero ese gobernador tiene demasiado miedo de perder su fuero. ¿Por qué será? ¿Teme que quien lo suceda pueda ser uno de sus peores enemigos?

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