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Telecom y Medios | Gabriel Sosa

¿Senadores interconectados o desconectados?

Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación ...

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Sí, en muchas ocasiones y más en aprobación de leyes de alto contenido social, como la de telecomunicaciones, históricamente la mayoría de los legisladores muy poco se “interconectan” con la ciudadanía

Lunes 23 de junio de 2014

Son representantes del pueblo, pero cuando legislan han predominado intereses más importantes para ellos: sus amistades y lealtades, así como sus aspiraciones personales, políticas o de negocios.

Pese a construir una buena reforma constitucional de telecomunicaciones, hoy los legisladores titubean y poco a poco parecen ceder ante el objetivo del gobierno federal de acotar o retroceder en algunos de los cambios estructurales que se establecieron en la Carta Magna para consolidar un sector de telecomunicaciones altamente competitivo, no monopólico, y con amplias garantías para la libertad de expresión y protección de los derechos de los usuarios y las audiencias.

La dirigencia del PRD parece haber “tirado la toalla”, si nos basamos en los acuerdos a los que ya habría llegado con el gobierno federal para “corregir” algunos artículos de la iniciativa presidencial, relacionados con la colaboración de la justicia, los medios públicos y otros, pero sin tocar las críticas fundamentales que se le han hecho a la propuesta. Una de las dudas es qué votos o acuerdos paralelos está alcanzando el PRD con esta posible “concertacesión” con el PRI-gobierno.

El PAN, a su vez, sigue dividido, sin una postura firme y consensuada ante la iniciativa, lo que limita las capacidades para incidir en la mejora del documento.

El PRI observa, no se compromete con las propuestas de las organizaciones sociales y parece decidido a sacar adelante la iniciativa del presidente, con cambios mínimos ante la imposibilidad de encontrarle la “cuadratura al círculo”, parafraseando a Luis M. Farías, quien en 1981, como líder del PRI en la Cámara de Diputados, terminaba así la discusión para sacar adelante la reglamentación del derecho a la información ante las posiciones encontradas en ciertos temas.

Hoy no se habla de cuadraturas, sino de porcentajes. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó esta semana que la ley secundaria en materia de telecomunicaciones cuenta con un 99% de aceptación.

¿De dónde se habrá sacado esa aproximación numérica, si lo que hay son sobre todo desacuerdos? Vaya usted a saber. Pero llama más la atención que no sea el líder del PRI en el Senado o al menos un integrante de las comisiones dictaminadoras quien haya anunciado los alentadores cálculos, sino un miembro del gabinete, lo que lleva a concluir que las negociaciones no se llevan a cabo -con base en el principio fundamental de división de poderes- en el Senado, sino en las oficinas de la Presidencia.

Decíamos la semana pasada que ante un escenario así, la ciudadanía asume un papel relevante. Si los senadores no se quieren “interconectar” (término muy utilizado en telecomunicaciones) con la sociedad, ésta busca “interconectarse” con sus representantes para que sus propuestas sean incorporadas en la iniciativa, bajo el supuesto de que la reforma constitucional en telecomunicaciones tiene un conjunto de derechos fundamentales para los mexicanos, que deben ser desarrollados y ampliados en la legislación secundaria.

A LAS 10, CITA CON SENADORES

Por eso hoy resulta significativo el acto que se llevará a cabo en el Senado de la República, a las 10 de la mañana. Ahí, decenas de organizaciones de la sociedad civil, junto con artistas, académicos y expertos, convocados por el Frente por la Comunicación Democrática y El Grito Más Fuerte, sostendrán una audiencia con integrantes de las Comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos, en la que presentarán los temas que consideran “más preocupantes y que siguen irresueltos” en la iniciativa presidencial.

Entre los 32 temas planteados se encuentran que la vigilancia de contenidos sea facultad del IFT y no de la Secretaría de Gobernación; que se incorpore el derecho de la cláusula de conciencia a los periodistas; que se incluyan los derechos de las personas con discapacidad para acceder a servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en igualdad de condiciones; que se garantice la independencia editorial de los medios públicos y que la futura televisión pública nacional no sea sectorizada a la Secretaría de Gobernación, como lo propone la iniciativa gubernamental.

De igual manera se proponen otras modificaciones que damos por hecho que serán rechazadas por las empresas preponderantes de radiodifusión y telecomunicaciones, como el establecimiento de reglas a la propiedad cruzada de medios y la incorporación de límites al acaparamiento de las distintas plataformas de transmisión de contenidos; la obligación para los concesionarios de contratar al menos de la programación total a productores independientes, y la reserva del 30% de las frecuencias del espectro para concesiones de uso social, comunitarias e indígenas.

En cuanto a la comercialización de espacios de transmisión en las concesiones de uso público, social, indígena y comunitario, proponen que sea de por lo menos la mitad del tiempo a que tienen derecho las comerciales. Al respecto, tanto la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), como su organización sindical, el STIRT, se oponen tajantemente a esa apertura. Es más, en los últimos días el Sindicato difunde, privilegiadamente, en cientos de estaciones de radio comerciales de todo el país un spot en el que asegura que la comercialización en medios públicos y comunitarios pone en riesgo el empleo de 50 mil trabajadores y trabajadoras.

Es muy difícil es para los medios públicos y las pocas radios comunitarias existentes en el país defender mediáticamente su posición ante una campaña así, lo que es una muestra de las inequidades del modelo comunicacional en México y de la necesidad de equilibrarlo con la legislación secundaria.

Vienen días clave para saber que tanto se “interconectará” el Poder Legislativo con la sociedad civil en esta reforma estructural y los costos políticos que con sus votos están dispuestos a asumir los legisladores y sus partidos políticos.



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