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Telecomunicando | Irene Levy

Iniciativa de Ley Telecom requiere cirugía mayor

Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana.

Esta columna refleja la posición personal de la autora y no neces ...

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    Lunes 31 de marzo de 2014

    Vaya que se ha calentado el ambiente en torno a la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por el Ejecutivo Federal la semana pasada en el Senado. Nos dijeron que, incumplida la Constitución que obligaba a los legisladores a tener aprobada la ley antes del 9 de diciembre de 2013, tendríamos tiempo suficiente para el debate. Pero ahora resulta que hay prisa, quieren que se apruebe en fast track. Y eso es grave porque es una mala iniciativa. Más allá de ser un proyecto que favorece o perjudica más a una empresa que a otra, más allá de las descalificaciones, lo cierto es que es una iniciativa lejana que los legisladores deben rediseñar.

    Lejana del texto constitucional. Le diré algunos ejemplos: la Constitución establece la no suspensión para todos los actos del IFETEL, pero la Iniciativa señala que las multas y medidas de desincorporación se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo (arts. 295 y 300). Varias disposiciones vulneran la autonomía del Instituto: el Secretario de Comunicaciones podrá solicitar al comisionado presidente que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria (art. 44) -esto también vulnera la colegiación del IFETEL-; el Ejecutivo Federal podría formular las recomendaciones que considere pertinentes, no vinculantes, al programa anual de trabajo e informe trimestral del Instituto (9-XVIII); confina las atribuciones del IFETEL en materia de competencia económica a lo que señale la ley, restringiendo su margen de actuación para imponer límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento, a la propiedad cruzada y a ordenar la desincorporación (15-XIX). El Ejecutivo abdica de la facultad que le otorga la reforma constitucional de elaborar el programa de reorganización de espectro para radio, y le regala la incómoda atribución -que podría implicar un enfrentamiento con los radiodifusores del país- al IFETEL (décimo quinto transitorio). Retrasa el apagón analógico (décimo sexto transitorio).

    Lejana a la eficiencia regulatoria. El régimen autorizante requiere cirugía mayor: hay doble ventanilla en materia satelital, no hay elementos para fijar una fórmula cierta para prórroga de concesión en materia de espectro, existe demasiada discrecionalidad para otorgar concesiones de redes alámbricas, otra vez aletargan el mercado sujetando el otorgamiento de autorizaciones a comercializadoras (incluyendo ahora los de valor agregado) a disposiciones generales que deberá emitir el Instituto, entre otras.

    Lejana de los usuarios y las audiencias. Este es uno de los defectos más graves de la Iniciativa, además de ser francamente inconstitucional. El artículo 6B-VI de la Constitución dispone que "la ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección", pero la Iniciativa elude esta obligación constitucional de la siguiente manera: incluye un catálogo incompleto de derechos a los usuarios cuya defensa -otra vez- se remite a la Ley Federal de Protección al Consumidor y a la Profeco (art. 198) que, como sabemos, ha sido insuficiente. Además, las tarifas a los usuarios se registrarían después de su entrada en vigor (art. 207) -más vale pedir perdón que permiso-. Les va peor a las audiencias, la protección de los limitados derechos que incorpora la Iniciativa quedan a merced de códigos de ética que, sin plazo determinado, emitirían los concesionarios de radiodifusión o de televisión o audio restringidos (art. 257).

    Lejana al fortalecimiento del derecho a la información. Más allá de lo nocivo e inconstitucional que resulta tener una SEGOB "reloaded" (218-X. p. ej), queda atrás la esperanza del fortalecimiento del derecho a la información. No solo por que el nuevo organismo de radiodifusión pública quedaría bajo el yugo de Gobernación, con lo que tendríamos un medio gubernamental más que público, sino porque algunas modificaciones constitucionales en esta materia no aparecen o se acotan, como la relativa a la publicidad engañosa, la Constitución (art. 6 B-IV) prohíbe toda publicidad presentada como información noticiosa, pero la Iniciativa acota esta prohibición solo a la materia electoral (art. 239).

    Lejana del rigor y la técnica jurídicos. Entiendo que no solo los abogados deben diseñar leyes, pero hay errores que dan pena, como decir que la ley "estipula plazos" o temas mucho más graves en los que forma es fondo, como la definición de concesión única que señala que es un acto administrativo por el cual se confiere el "derecho" para prestar servicios, o el artículo 67-III que llama "prestación de servicios" a la actividad de las redes privadas. Extraer de la jurisdicción federal a las redes privadas también es un error, no sé si voluntario o no. Faltan muchas definiciones como la de "ingresos" o "estación de radiodifusión", entre otras cuestiones.

    Y a todo esto ¿qué opina el IFETEL de la Iniciativa? Según las declaraciones de su presidente Gabriel Contreras, aún no pueden pronunciarse porque la están analizando, dicho de otro modo, apenas la están conociendo. Lo curioso es que dice la SCT que antes de presentarla fue ampliamente compartida con la industria y algunos académicos -ojalá nos digan quiénes- para sus comentarios; hubiese sido un buen detalle compartírsela también a los comisionados del Instituto, ¿no cree usted?

    EN LA SOBREMESA.
    En medio de este caos, NEXTEL anunció el viernes pasado que sigue invirtiendo en México y que sus usuarios ya pueden utilizar su red de cuarta generación a través del iPhone 5s y 5c. Más de 6,500 millones de dólares ha invertido desde su llegada a México de los cuales 3 mil millones corresponden al despliegue de su red de cuarta generación que utiliza el espectro de la banda 1.7 Ghz (licitación 21). Habrá que ver los precios, pero de que la red es rápida no hay duda. Enhorabuena.

    No olvide que hoy a las 17 horas se presentará en la Universidad Iberoamericana el nuevo Observatorio de Sentencias de Tribunales Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Un esfuerzo de CIDAC, a cargo de Verónica Baz y Observatel. Nos acompañará también la Magistrada Rosa Elena González, el Magistrado Jean Claude Tron Petit; Jana Palacios, Presidenta de la COFECE, y Gabriel Contreras, Presidente del IFETEL. La entrada es libre.

     

    *Presidenta de Observatel y profesora de la Universidad Iberoamericana. Esta columna refleja la posición personal de la autora. Twitter @soyirenelevy




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