aviso-oportuno.com.mx

Suscríbase por internet o llame al 5237-0800




Telecom y Medios | Gabriel Sosa

10 temas conflictivos de la legislación de telecomunicaciones

Profesor e Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco. Licenciado y maestro en Ciencias de la Comunicación ...

Más de Gabriel Sosa


Lo que se debe exigir al Congreso de la Unión es que sus decisiones se tomen bajo la premisa irrenunciable del interés general

Lunes 24 de marzo de 2014

A este columnista han llegado en los últimos dos meses tres diferentes anteproyectos de iniciativa de legislación secundaria en telecomunicaciones. Las filtraciones han buscado medir reacciones sobre algunos temas espinosos o en su caso para exaltar las virtudes de su contenido o evidenciar sus deficiencias.

Sea una razón u otra, no hay que ser un experto en teoría de los escenarios para afirmar que la iniciativa que finalmente presentará el Poder Ejecutivo generará un intenso debate porque hay temas que históricamente han sido conflictivos y que la reforma constitucional en telecomunicaciones aprobada el año pasado deja a la deriva, justo para que los legisladores definan el camino a seguir.

Lo que se ha comentado en torno de algunos de los artículos de los proyectos filtrados es una muestra de dichos diferendos y su aprobación o rechazo durante la dictaminación de la iniciativa será un triunfo o una derrota para los diferentes actores del sector. Bajo tal escenario, lo que se debe exigir al Congreso de la Unión es que sus decisiones se tomen bajo la premisa irrenunciable del interés general y no para defender los intereses particulares de empresas o de funcionarios gubernamentales.

Del más reciente documento filtrado, en este caso en el Senado, algunos de los temas de mayor conflicto y que damos por hecho prevalecerán en la propuesta definitiva, son los siguientes:

Independencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En el proyecto presentado hay intentos del gobierno federal para influir en las decisiones del órgano regulador autónomo, bajo el pretexto de tener una buena comunicación y coordinación. El artículo 44 es uno de los más delicados, al incluir la posibilidad para que el Ejecutivo Federal tenga atribuciones para que solicite al presidente del Instituto “que los asuntos en que tenga interés, sean sustanciados y resueltos de manera prioritaria”.

Límites a la concentración de frecuencias y medios. No hay un sólo criterio en el que se apoye el IFT para imponer límites a la concentración de frecuencias ni reglas de propiedad cruzada en medios de comunicación y telecomunicaciones. Pese a su importancia, el tema no es abordado en el proyecto por la contundente oposición de algunos regulados.

Prórrogas sin licitación. El artículo 114 prevé ciertos requisitos para la prórroga o refrendo de concesiones de frecuencias de espectro radioeléctrico, pero omite el criterio de la Corte, derivado de la sentencia de la “ley Televisa”, en el sentido de que al término de una concesión, ésta debe ser licitada nuevamente. Sin embargo, el artículo 205 dice que al término de una concesión, el espectro radioeléctrico que se encontraba concesionado revertirá de pleno derecho al Estado y que podría licitarlo otra vez. El primero es del agrado de los concesionarios. El segundo, lo combatirán. También se debatirá la duración de las concesiones, ya que en proyecto hay diferencias según su uso (comercial, público, social y privado).

Patrocinios o publicidad en concesiones de uso social. La propuesta filtrada impide esa posibilidad a las estaciones de radio y televisión comunitarias, lo que haría inviable este tipo de radiodifusión. Tal como está, agrada a los empresarios del sector, pero algo tendrán que hacer los legisladores para dar respuesta a la mayoría de los sectores de la sociedad que exigen garantías para la existencia y desarrollo de estas radiodifusoras.

Medios públicos. La reforma constitucional obliga a los medios públicos (concesiones de uso público) a tener independencia editorial y mecanismos de participación ciudadana, pero en la propuesta legislativa no hay sólo artículo que garantice esos criterios. En el país, decenas de gobernadores, de funcionarios federales y rectores de Universidades se niegan a ceder en estos principios. Quizás esto explique la importante omisión en el documento filtrado.

Regulación de contenidos. Es más que evidente que el gobierno federal defenderá hasta sus últimas consecuencias sus atribuciones para supervisar los contenidos en radio y televisión, como se prevé en el artículo 218 de la propuesta. No aceptan que en la reforma constitucional, parte de esas atribuciones —porcentajes de publicidad y programación destinada a la niñez— fueron trasladadas al IFT y se omiten en el documento filtrado. Gobierno y empresarios quieren que la Secretaría de Gobernación siga cumpliendo —a medias, como hasta ahora, esa función—, las organizaciones de la sociedad no.

Retransmisión de canales de TV abierta. En el proyecto divulgado, artículo 238, hay retrocesos en lo ya establecido por el IFT en must carry y must offer. Por ejemplo, mientras en los lineamientos vigentes se obliga a los concesionarios de televisión de paga a retransmitir todas las señalas generadas por el gobierno federal en sus canales digitales, en la propuesta sólo aquellas que determine la Secretaria de Gobernación. Todavía más: no se incluye la modificación de los artículos relacionados con la retransmisión de los canales de la televisión en la Ley de Derechos de Autor.

Producción nacional independiente. Mientras la reforma constitucional alienta este tipo de producción por sus positivas consecuencias en la diversidad y pluralidad de contenidos, la propuesta no establece ninguna obligación para su adquisición, ni siquiera para los agentes económicos preponderantes de radiodifusión y deja al Ejecutivo Federal la posibilidad de financiar proyectos. De aprobarse así, sería letra muerta en la Constitución este muy relevante tema.

Regulación agentes preponderantes. Y como se destacó la semana pasada, mientras en telecomunicaciones se establece una buena regulación a los agentes con poder sustancial o preponderantes, en radiodifusión las obligaciones son muy ligeras. Y tan son así que en la propuesta no se incluyen ni siquiera las definidas por IFT sobre compartición de infraestructura y contratación en la transmisión de eventos relevantes.

Convergencia acotada. En cuanto a la regulación de la llamada concesión única, que facilitaría administrativa y legalmente la posibilidad de prestar los servicios técnicamente factibles en una infraestructura, en telecomunicaciones más o menos hay criterios claros y convergentes, pero no así en radiodifusión digital, donde según el artículo 158 no se podrían prestar servicios de televisión o audio restringidos y por lo tanto convergentes. ¿Cuáles son entonces los beneficios de una concesión única en radiodifusión? Por lo visto, ninguno.

Por supuesto hay otros artículos críticos y algunas propuestas novedosas (como la creación obligatoria de las figuras de defensores de audiencias y la eliminación de los cobros de las llamadas de larga distancia), pero con lo descrito antes podemos darnos una idea de la que se ha dicho será la madre de todas las batallas por todos los intereses económicos y políticos que están en juego. Apenas estamos ante sus primeras manifestaciones.



PUBLICIDAD