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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Es director general y socio fundador de De la Calle, Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), donde es responsable de la administración y operación de ...

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Puede convertirse en la principal catalizadora para el desarrollo como promotora del derecho a la propiedad y, así, de la competitividad
Jueves 20 de diciembre de 2012

Los comentarios a las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se han concentrado sobre todo en el incremento de facultades de la Secretaría de Gobernación para una mayor coordinación en materia de seguridad. No obstante, el cambio que quizá conlleve una mayor importancia e impacto en el crecimiento y el desarrollo sea la concentración de facultades en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en materia de tenencia de la tierra.

No hay duda de que uno de los principales obstáculos para el desarrollo sustentable (ya que disminuye el atractivo a la inversión al incrementar su riesgo, impide hacer efectivo el patrimonio de familias y empresas, frena la competitividad al encarecer logística e insumos claves, provoca un deterioro ambiental y es fuente constante de extorsión) es la incertidumbre en la tenencia de la tierra, la falta de claros títulos de propiedad y la pobre aplicación de la ley en la materia.

La exposición de motivos de la reforma a la ley reconoce que “Una de las condiciones fundamentales para garantizar mejores ámbitos para el crecimiento del país y el bienestar general de la población es el relativo al óptimo aprovechamiento del territorio nacional y de su debido ordenamiento en términos de propiedad y expansión de los diversos asentamientos colectivos”. Pero no sólo esto, sino que la falta de derechos claros de propiedad propicia un alto costo de oportunidad sobre el patrimonio que no puede ser fácilmente intercambiado, heredado o hipotecado.

El reto para la nueva Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, encabezada por Jorge Carlos Ramírez Marín, es no sólo seguir haciendo las labores de la Secretaría de la Reforma Agraria (que en el pasado ha querido incluso cerrarse) y de la subsecretaría de desarrollo urbano, anteriormente en Sedesol, sino, como lo indican sus atribuciones, desarrollar de una agenda ambiciosa para la regularización de la tenencia de la tierra, el impulso a la planeación y ordenamiento del uso del territorio, el desarrollo urbano moderno, el aprovechamiento de las ventajas comparativas del país, la administración de terrenos baldíos, la planeación y financiamiento de desarrollos regionales y urbanos, la modernización de registros públicos de la propiedad, la coordinación de entes públicos para la planeación urbana y metropolitana, la promoción de construcción de infraestructura y la ejecución del derecho de expropiación.

Si esta Secretaría toma en serio su agenda, puede convertirse en la principal catalizadora para el desarrollo, no sólo como facilitadora sino como promotora del derecho a la propiedad y, así, de la competitividad.

México no podrá aprovechar su ventaja comparativa fundamental (la localización geográfica) sin puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles de excelencia. Su construcción y operación es prácticamente imposible sin certidumbre en la tenencia de la tierra.

El mismo argumento se aplica en materia de energía y telecomunicaciones. Estados Unidos se encuentra en un proceso de reindustrialización gracias al impulso del gas de esquisto que ha conseguido que el precio del gas natural sea el más bajo del mundo y producto de la revolución industrial que favorece la cercanía a los mercados.

El principal beneficiario de este proceso de reindustrialización puede ser, sin duda, México. Para esto debe asegurarse la misma disponibilidad energética, con el establecimiento de un mercado que provea las señales de precios necesarias para garantizar la disponibilidad de gas natural en todo el país. Esto no es posible sin una red amplia y competitiva de gaseoductos.

En este contexto, el papel de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano debiera ser, en colaboración con municipios y estados, asegurar la servidumbre para el tendido de gaseoductos, vías férreas y banda ancha para maximizar la competitividad.

De la misma manera, el desarrollo urbano es clave para mejorar el bienestar de los ciudadanos y conseguir importantes mejoras en la productividad. Los centros urbanos bien planeados redundan en mejores condiciones de vida y reducen significativamente el costo de provisión de servicios públicos. Los desarrolladores de vivienda han sustituido con frecuencia al gobierno en los procesos de regularización de la tierra y construcción de infraestructura urbana básica, lo que encarece la vivienda.

En complemento de estas importantes tareas, la Secretaría podría también participar en la elaboración de una agenda de reformas estructurales que apuntalen los derechos de propiedad y fomenten la construcción de infraestructura pública moderna:

En primer lugar, promover reformas para asegurar que la plusvalía de la tierra beneficie a los ejidatarios en caso de adquisición: a la Constitución y leyes agrarias para que los ejidatarios puedan optar, en los hechos, por el dominio pleno de sus parcelas; a la ley de Asentamientos Humanos para que el derecho de preferencia de estados y municipios en proyectos de urbanización no merme la plusvalía de los ejidatarios.

En segundo lugar, es necesario hacer una revisión de la ley de Expropiación para fomentar su uso, pero asegurar también la compensación a valor de mercado por el uso futuro del predio para los dueños actuales. En México la falta de expropiación y compensación adecuadas resultan en caminos tortuosos e infraestructura chueca que no incrementan la competitividad y son caros de construir y operar.

En tercer lugar, promover reformas para un eficaz cobro del impuesto predial: incentivar su cobro por medio de un premio en el presupuesto a los municipios desfavorecidos donde se cobre; centralizar el cobro al ámbito estatal, pero con una regla que asigne claramente la recaudación entre el estado (5%, por ejemplo), el municipio (55%) y la comunidad donde esté el predio (40%).

No hay reforma fiscal que valga la pena considerar que no incluya un incremento importante en la recaudación del impuesto predial. México recauda sólo 0.2% del PIB a través del impuesto predial, cuando el promedio de la OCDE es de 1.05%.

El principal impedimento para llevar a cabo proyectos de infraestructura en México no es la falta de financiamiento sino la ausencia de certidumbre en la propiedad pública, privada y ejidal. Avanzar en este terreno puede ser la reforma estructural más importante para la competitividad, el estado de derecho e, incluso, la seguridad.



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