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Tintero económico | Alejandro Villagómez

EPN: seguridad social universal

Doctor en Economía por la Universidad de Washington. Especialista en macroeconomía, política monetaria y fiscal, ahorro y pensiones. Profeso ...

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Aproximadamente dos terceras partes de la población en edad de retiro no están cubiertas por algún programa público de pensiones y los apoyos asistenciales actuales son insuficientes
Miércoles 05 de diciembre de 2012

Uno de los temas con mayor presencia durante la campaña de EPN fue el de la seguridad social universal. Es por eso que ahora aparece en el Pacto por México, en el marco de los Acuerdos para una Sociedad de Derechos y Libertades. El Compromiso 3 se refiere a una “Pensión para los adultos mayores de 65 años que no cuenten con un sistema de ahorro para el retiro o pensión del IMSS o ISSSTE”.

En la actualidad, de acuerdo con Conapo, se estima que en México habitan poco más de 7 millones de individuos de 65 o más años de edad. Por desgracia, la mayor parte se encuentra fuera de la protección otorgada por la seguridad social. Aproximadamente sólo una tercera parte se encuentra cubierto por algún programa público como el IMSS o el ISSSTE con algún beneficio de pensión. Este problema es mucho más acentuado en zonas rurales. Adicionalmente, alrededor de 4.5 millones tienen un ingreso cuando mucho igual a un salario mínimo. En este contexto, el gobierno ha tenido que recurrir a programas de protección social para otorgar beneficios no contributivos para esta población. Uno de los primero programas fue el otorgado por el gobierno del DF, el cual cubre actualmente poco más de 480 mil individuos mayores a 68 años otorgando un beneficio mensual de casi 900 pesos. El gobierno federal también ha implementado diversos programas, pero el más amplio en la actualidad es el denominado “70 y más”, que cubre a casi 3 millones de individuos otorgando una pensión de 500 pesos mensuales. Finalmente, en los últimos años varios gobiernos estatales han creado sus propios programas de ayuda a esta población en tercera edad.

Como puede apreciarse de lo anterior, el problema en esta materia en nuestro país es delicado, ya que significa que una amplia porción de la población en tercera edad estaría ubicada en situación de pobreza. Resolver este problema rebasa por mucho el tema de los sistemas públicos de pensiones y se explica por otros factores más amplios como son los niveles de pobreza, la desigual distribución del ingreso, la falta de oportunidades laborales, y de manera más general, la falta de un mayor crecimiento económico. Estos son los problemas de fondo a resolver, pero por el momento hay que atender la difícil situación de este grupo de población.

Es en este contexto que me parece correcta la propuesta de la nueva administración de ampliar la cobertura del programa “70 y más” para incorporar a toda la población en esta fase de su vida y que no esté cubierta por un programa público de pensiones como el IMSS o el ISSSTE. Pero no creo que una simple extensión sería la mejor decisión. Lo deseable es ir avanzando en el diseño de un Sistema Nacional de Pensiones que cubra a toda la población en sus distintas modalidades, contributivas y no contributivas. Es necesario considerar de manera seria distintos aspectos de una decisión de política pública como ésta. Un primer elemento es el referido a su financiamiento. En la actualidad, el programa “70 y más” representa una erogación anual cercana a 0.15% del PIB. Si se ampliara para incluir a todos aquellos cuyo ingreso reportado por la ENIGH es menor a un salario mínimo, el costo casi se duplicaría. Además, este costo será creciente debido a la misma dinámica demográfica de nuestra población. El costo es aún mayor si se considera a la población desde los 65 años, como sugiere la propuesta gubernamental. En este sentido, es necesario definir cuál será su fuente de financiamiento para garantizar la existencia futura y permanente de estos recursos.

Pero adicionalmente es importante considerar en el diseño elementos que eviten la duplicidad de pagos, por lo que sería deseable avanzar hacia la unificación de todos los programas no contributivos actualmente existentes. También es útil discutir con mayor detenimiento el tema de la edad para ser acreedor a este beneficio. Por el momento puede parecer natural los 65 años, pero hay que recordar que una vez decidido este parámetro es muy difícil moverlo en el futuro, y nuestra estructura demográfica es dinámica lo mismo que la esperanza de vida. Por ejemplo, en Europa se ha estado incrementando la edad de retiro a niveles por arriba de los 65 años. El diseño decidido debiera considerar este aspecto. Otro elemento importante es evitar que este tipo de programas desincentiven el ahorro de la población o su incorporación al mercado laboral formal, por lo que debe cuidarse su relación con los esquemas contributivos. Estos son problemas muy comunes en muchos de estos programas en México y en el mundo. Finalmente también sería útil discutir cuál sería el monto deseable de la transferencia.

Existen otras consideraciones relevantes que debieran reflexionarse en el diseño de estas políticas y que espero lo haga la nueva administración. Pero como mencioné arriba, el problema lo tenemos ya entre nosotros y creo que es una decisión acertada y más que necesaria el ampliar la cobertura de protección en materia de pensiones a la población que actualmente se encuentra ya en su fase de retiro. El objetivo final debe ser el garantizar la existencia de una pensión universal mínima conjuntamente con la opción de esquemas contributivos que permitan mejores pensiones.



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