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En concreto | Laura Itzel Castillo

Los contratos incentivados de Pemex



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Mi茅rcoles 10 de octubre de 2012

La apertura al capital privado en los contratos de explotación de Pemex sigue siendo el principal objetivo de Calderón y de Peña Nieto. En el 2008, después de la mal llamada reforma energética, el Movimiento en Defensa del Petróleo y la Soberanía Nacional logró descarrilar, mas no detener, esta política privatizadora.

Los problemas derivados de la importación de gas y gasolina, el desmantelamiento de la industria petroquímica y las concesiones en áreas de exploración y producción de crudo se han agudizado a causa de la política entreguista del actual gobierno.

Ni siquiera hubo interés de construir la refinería Bicentenario que debía inaugurarse en el 2010. Pero en cambio, sí hubo empeño para firmar los contratos incentivados otorgados entre 2011 y 2012, violatorios de la Constitución política e incluso, de la misma ley aprobada por el PRIAN, al reformar la ley en el 2008.

En dicha reforma se estipulaba que ningún contrato debía contener como fórmula de remuneración esquemas que implicaran un porcentaje de la producción o del valor de las ventas. Sin embargo, en octubre de 2011, Pemex firmó con la gigante petrolera Schlumberger y con una de sus aliadas, la británica Petrofac, tres contratos incentivados para tres áreas o bloques en Tabasco, en los cuales cede claramente un porcentaje del valor de nuestro petróleo a dichas empresas.

Esta licitación estaba arreglada. Le dieron la vuelta a la Constitución: primero, la Suprema Corte de Justicia dictaminó como inconstitucional el hecho de “pagar un porcentaje del valor de las ventas de crudo” a particulares (controversia constitucional 97/2009) y, después, dictó una sentencia en donde se atrevió a señalar que ni los municipios, ni la Cámara de Diputados tenían “interés legítimo para impugnar” los contratos firmados por entidades del Poder Ejecutivo, como Pemex (controversia constitucional 48/2011).

Ante ello desde la Cámara baja solicitamos los modelos de contrato, así como sus términos y condiciones, “información reservada” que no fue proporcionada. El ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia resolvió que la Cámara de Diputados carecía de “interés legítimo” para acceder a dicha información.

Logramos que la controversia de la Cámara subiera al pleno de la Corte y en la primera sala llegamos a tener mayoría, tres votos contra dos; no podían rechazar un recurso legal sin conocer los documentos impugnados… sin embargo, el régimen de corrupción se impuso: perdimos siete votos contra cuatro.

¿Qué hacer entonces? En el año 2010 se incorporó a nuestra Constitución la figura de “acción colectiva”, misma que reconoce el interés legítimo de la población sobre los “derechos difusos” que nos afectan de manera directa como pobladores (por ejemplo los problemas ambientales, derivados de la contaminación de un río, o de un basurero de desechos tóxicos, etcétera).

Con el argumento de la reforma constitucional que reconoce estos derechos colectivos y la posibilidad de demandarlos ante un juez federal, promovimos entonces amparos colectivos firmados por miles de ciudadanos, con el apoyo del grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados y un equipo de abogados encabezados por René Sánchez Galindo.

Finalmente el Tribunal Colegiado en materias Administrativa y del Trabajo, con sede en Villahermosa, Tabasco, nos dio la razón, reconoció nuestro interés legítimo como ciudadanos y nos permitió probar la afectación al patrimonio nacional como derecho colectivo.

Actualmente en el expediente judicial ya se encuentran los contratos firmados. Esto a pesar de que Pemex se resiste a entregar los anexos de dichos contratos, así como el acta del Consejo de Administración realizada en noviembre de 2010, donde aparece dicho acuerdo. Sin duda que la lucha es muy larga. Pero como dice el dicho, lo prometido es deuda: tendremos que revisar contrato por contrato.



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