Opinion

El que acusa está obligado a probar.Principio fundamental del Derecho Romano, sigue vigente: el peso de la prueba está a cargo de quien denuncia.

Desde la noche del jueves la letra de la ley se examina conforme al espíritu de la justicia. México entró a una de las etapas más trascendentes de su camino hacia la democracia y el resultado será de tal gravedad que nada será como era, cualquiera que sea la sentencia.

Tres partidos políticos de la izquierda mexicana, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, impugnaron la elección presidencial no por sus resultados numéricos, sino por el sentido y la inducción del voto. La seriedad de la impugnación se mide por la posible consecuencia del proceso: invalidar la elección presidencial por primera vez en nuestra historia y, en su caso, convocar a nuevos comicios. A nadie escapa la magnitud de la responsabilidad que todos los protagonistas comparten en este problema, desde los presidentes de los partidos registrados hasta el ciudadano común, el que depositó su voto e incluso el que se abstuvo.

Al presentar la impugnación Andrés Manuel López Obrador, candidato ubicado en segundo lugar en el conteo y recuento de los votos, entregó las pruebas para someterlas a la calificación de los miembros del Tribunal Electoral del Poder Ejecutivo de la Federación. Reclama violación del artículo 41 de la Constitución: las elecciones deben ser “libres y auténticas”. Ni libres ni auténticas, afirma. Entregó una montaña de diversos documentos en papeles, plásticos, películas y otros materiales, con una explicación de su intención y motivos “al pueblo de México”.

Después de enumerar delitos e irregularidades, insiste en su estricto respeto al marco jurídico al que ajusta su conducta: “En los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad… llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución… proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derecho”.

López Obrador hizo un anuncio sorpresivo: “La semana próxima daremos a conocer el Plan Nacional para la Defensa de la Democracia y la Dignidad de México”, y reiteró que “todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución… siempre actuaremos por la vía pacífica. No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos. No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos por el renacimiento moral de México”.

El viernes, junto al manifiesto de López Obrador, “La Jornada” publica una oportuna entrevista con Enrique Peña Nieto, quien contesta: “Mi triunfo, por supuesto, es legítimo. ¡Legal y legítimo! La legitimidad no la da la oposición ni las expresiones de quienes perdieron y respiran por la herida”. Siente que López Obrador “no esté a la altura del cambio democrático que México ha tenido… lamento su actitud de no reconocer la democracia ni el resultado de los comicios… no ha reconocido ninguna de sus derrotas en el pasado, pero sí sus triunfos… nunca habló mal cuando ganó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Lamento que no tenga la madurez política de reconocer la participación libre de los electores”. Nos defenderemos jurídicamente, dijo: “Hemos descalificado y negado categóricamente esos infundios y señalamientos sin sustento”.

En forma inesperada Peña Nieto hace una invitación a #132: “Si su interés es una causa hay que sentarse y construir con el gobierno. Así lo han hecho otros movimientos que por la vía pacífica y civilizada han obtenido logros”. El priísta se ve en Los Pinos. Las acusaciones: “… no me inhibirán ni frenarán reformas que propondré… y respecto a los jóvenes del #132 su movimiento ha dejado de ser apartidista, aunque eso no le resta legitimidad; será respetado y tenderé con ellos puentes de diálogo y comunicación”.

El aspecto jurídico de la controversia ha derivado en una lucha política y, más aún, parece encaminarse hacia un conflicto de puntos de vista personales entre los dos candidatos finalistas. Hasta el momento la actitud de López Obrador es irreprochable y la de Peña Nieto a la altura de quien se siente seguro, dueño de una ventaja difícil de anular, pero no imposible.

El viernes pasado en mi programa de radio, a la pregunta de si acatará la sentencia del TEPJF aunque le sea adversa, AMLO me contestó: “esperemos a que ocurran las cosas”. Eso significa que no se ha dicho la última palabra ni siquiera el Tribunal podrá estar seguro de decirla.

La polémica esta abierta sin límite de tiempo y hoy más que nunca se requiere prudencia y un cuidadoso manejo de los asuntos públicos.