El jueves pasado veíamos el tema del sistema financiero, como ejemplo de por qué no crecemos más y del tipo de fallas estructurales que enfrentamos. Concretamente, decíamos que no es posible que México sea exitoso si no nos decidimos a que las leyes se cumplan.

Arrancamos la semana hablando de las finanzas públicas, el lunes en el blog y el martes pasado en este espacio, y prometíamos entonces entrarle al tema de la política social, gran fetiche mexicano. Como todos sabemos, la justificación de las guerras civiles de inicio del siglo XX, que llamamos colectivamente Revolución Mexicana, era terminar con la pobreza y la desigualdad. En realidad, eso no es cierto, pero no importa, es lo que aprendemos todos desde niños. En consecuencia, uno supondría que los gobiernos del régimen de la Revolución tendrían un gasto social importante. Bueno, desde los años sesenta se sabe que eso no fue cierto: los gobiernos del PRI no gastaban en cuestiones sociales. James Wilkie publicó a fines de esa década la distribución del gasto público en México en los temas económico, social y administrativo, desde 1910 a 1960, en donde se mostraba que la cuestión social se llevaba 15% del gasto total. Tal vez por esa publicación (que no fue la única que criticaba al régimen de la Revolución, aunque todas publicadas desde fuera de México), a partir del gobierno de Díaz Ordaz las cosas cambian. El promedio de gasto social de ese gobierno y los dos que siguieron (Echeverría y López Portillo) es de 31% del total. Los gobiernos “neoliberales” del PRI, como ahora los llaman, gastaron mucho más en lo social, en promedio 49% del total. Y los dos gobiernos panistas promedian 61% en gasto social.

Como puede usted ver, el cuento ése de que desde 1982 se abandonó el gasto social no sólo es falso, sino que las cosas ocurrieron exactamente al revés. Es a partir de Miguel de la Madrid que el gasto social empieza a ser verdaderamente importante, como proporción del gasto total. Pero el asunto es todavía peor, buena parte de los programas sociales que se crearon durante el viejo régimen no servían para mejorar la calidad de vida de los más pobres, sino al revés. Como lo ha mostrado con toda claridad John Scott, profesor investigador del CIDE, los programas sociales mexicanos son, en su mayoría, regresivos, es decir, ayudan más a los que más tienen.

Los programas sociales en México que realmente ayudan a los pobres, es decir, que son progresivos, son sólo cuatro: la educación básica (no la universitaria, que es regresiva), Progresa-Oportunidades, el Seguro Popular y Piso Firme. Es decir, si todos los demás programas sociales en México desaparecieran, ¡mejoraría la distribución del ingreso!

Pero, como comentábamos el martes, cada programa construye a su alrededor un grupo de presión que defenderá el programa porque le conviene. El subsidio a los energéticos, como sabemos, es lo peor que uno puede imaginar, no sólo es regresivo, sino que además va contra cualquier política ambiental, y cuesta casi cinco veces lo que Oportunidades. O Procampo, que tiene virtudes en términos de competencia internacional, pero no es un programa social. O peor, Ingreso Objetivo, también de Sagarpa. Es más, la Secretaría de Agricultura, en pleno, debería desaparecer. Aunque usted no lo crea, las funciones de esa Secretaría no tienen nada que ver con la producción en el campo, sino con la atención de la pobreza.

Una de las grandes quejas de la economía mexicana, y con justa razón, es que somos un país profundamente desigual. En materia económica, esa desigualdad puede reducirse con los programas sociales. Es lo que se hace en los países civilizados. En Europa, la desigualdad de ingresos antes de impuestos no es muy diferente de la nuestra, pero la desigualdad después de impuestos es por completo diferente. Es precisamente porque se cobran impuestos progresivos y se aplican programas sociales progresivos. En México cobramos impuestos a la clase media “media” (por debajo de 5 salarios mínimos no se paga ISR, por ejemplo; y por arriba de 10 salarios mínimos, la tasa prácticamente ya no cambia), y luego aplicamos programas sociales regresivos.

Esto es lo que construyó el viejo régimen, que no ha podido desmantelarse. Los parásitos de los programas sociales regresivos defienden sus privilegios con todo lo que tienen, que va desde manifestaciones públicas a cabildeo y chantaje. Lo mismo ocurre con los “gastos fiscales” en la recaudación, es decir, los huecos que permiten a muchos pagar menos de lo que deberían, desde menor ISR a transportistas o productores agropecuarios hasta tasas diferentes de IVA, consolidación fiscal, y un sinnúmero de pequeños espacios que van reduciendo la recaudación hasta llevarnos a ser el país que menos recauda en el mundo.

La educación básica, como le decíamos, es un programa progresivo, porque nivela un poco las diferencias de nacimiento. Para ser mejor, habría que meterle no sólo más dinero, pero el poco que hay lo gastamos en educación universitaria que, la verdad, no es progresiva, sino al revés. Pero intente usted cobrarle a quienes van a la UNAM, el caso más regresivo que tenemos. De inmediato le caen los defensores de la máxima casa de estudios, que son precisamente ese grupo de parásitos que se crean alrededor de un programa gubernamental a los que me refería antes.

Los otros tres programas progresivos, Oportunidades, Seguro Popular y Piso Firme, se llevan algo así como 100 mil millones de pesos al año. Algo así como el 4% del presupuesto total. Y son los que sirven, y todos ellos se crearon de 1997 en adelante. ¿Ve usted ahora el tamaño del fraude que es el tema social en México?

Esto nos permite, el martes próximo, comentar con usted el otro gran problema económico de México que, junto con la ausencia de ley, explica por qué no somos un país exitoso. Espero verlo por acá.