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Economía Informal | Macario Schettino

Leyes declarativas

Macario Schettino se dedica al análisis de la realidad, en particular la de México, desde una perspectiva multidisciplinaria: social, política y económica.

Actualmente es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México. Ha sido director de investigación en la misma institución, así como coordinador de planeación en el Gobierno del Distrito Federal y en el periódico EL UNIVERSAL, en donde también se desempeñó como director de Negocios.

Macario Schettino estudió la carrera de Ingeniero Químico y de Sistemas en el Tecnológico de Monterrey; la maestría en Economía en el CIDE, y el doctorado en Administración del programa ITESM-Universidad de Texas en Austin. Es candidato al doctorado en Historia por la Universidad Iberoamericana.

Ha publicado artículos en revistas especializadas y de divulgación. Ha impartido conferencias en diversas universidades de México y el extranjero, así como en congresos de organismos empresariales. Es colaborador editorial y financiero de EL UNIVERSAL. Colabora también como editorialista con Joaquín López Dóriga, en Televisa. Es colaborador de W Radio.

Ha publicado quince libros, entre ellos: “Para Reconstruir México” y “Paisajes del ‘nuevo régimen’”, con editorial Océano, además de varios libros de texto con Prentice-Hall. El libro más reciente es “Cien años de confusión. México en el siglo XX”, con editorial Taurus.





COLUMNAS ANTERIORES

Este domingo pasado celebramos el 95 aniversario de la Constitución. Técnicamente, celebramos 155 años de la Constitución de 1857, porque la de 1917 es en realidad una revisión de aquélla
Martes 07 de febrero de 2012

Sin embargo, el documento producido en 1917 no es diferente al promulgado 60 años antes, es totalmente contrario.

La Constitución del 57 buscaba liberar a los mexicanos de las restricciones medievales que no habían desaparecido con las reformas Borbónicas, ni con los intentos constitucionales previos (sólo el de 24 era medio liberal). La de 1917, en cambio, regresa a la tradición medieval, estableciendo nuevamente la propiedad originaria de la Nación, la propiedad común (ejido), y creando una base legal laboral sumamente restrictiva. Más en la lógica gremial que en la laboral. Eso es lo que se celebró entonces como “la primera constitución social del siglo XX”, frase que se sigue repitiendo.

Nuestras leyes, decíamos la semana pasada, no se hicieron para ser aplicadas, sino para establecer una visión del mundo. Son declaraciones, no reglas. Este domingo, en entrevista para Enfoque, Diego Valadés afirma que tenemos la Constitución con más palabras del mundo (entre 50 y 55 mil, según entendí). Eso, efectivamente, es nuestro marco jurídico: palabrería.

Los abogados suelen molestarse cuando uno dice cosas como ésta, pero qué le vamos a hacer. Es su materia de trabajo. Para el resto de los mexicanos, las leyes no son una forma de vida, sino una tortura, y eso sería bueno que los abogados lo entendieran. Pero ellos, como todos, fueron educados en las loas a esa Constitución que es farragosa, inaplicable, e inútil.

Las constituciones son la base sobre la cual funcionan las leyes, y por eso mismo nada más existen en los estados democráticos. En un estado gobernado de forma autoritaria, una constitución no tiene sentido. Es un texto para legitimar, al que se puede uno referir en el discurso, pero que en los hechos no es aplicable. Me dirán que sí, que las grandes decisiones de los gobiernos revolucionarios fueron basadas en la Constitución. Posiblemente algunas, no todas, y aún así la aplicación fue discrecional. Y cuando la ley se aplica al gusto, no es ley, es si acaso referencia.

Lo que el Congreso Constituyente de 1917 hizo fue declarar, a los cuatro vientos, la orientación colectivista de México. Orientación que no coincidía mucho con la visión de los sonorenses. Es un caso muy extraño, en donde los obregonistas impidieron las reformas constitucionales que Carranza, entonces presidente, quería hacer. El Rey Viejo quería más poder al Ejecutivo (la constitución de 1857 es famosa por debilitar al presidente y dar demasiado poder al Congreso, por eso nadie la usó, desde Juárez hasta Díaz). Los obregonistas impiden esa orientación, pero acaban trabajando para alguien más. El líder del Congreso Constituyente es Francisco J. Múgica, que aprovecha la división entre los diputados para orientar el texto hacia lo que él considera que debe hacer México.

Múgica es un marxista convencido, y logrará que las moderadas ofertas sociales de Obregón (las adiciones al Plan de Guadalupe y la Ley Agraria) se conviertan en esa famosa “primera constitución social del siglo XX”. El radicalismo de esa nueva Constitución, y la tradición de hombre fuerte en que vivía México, hará que no se aplique en los siguientes quince años. Ni Obregón, ni Calles harán mucho por repartir tierras, recuperar concesiones, o regular el mercado laboral. El primero en repartir tierra en serio será Portes Gil, el trabajo se regulará hasta Ortiz Rubio, y Cárdenas aprovechará el 27 Constitucional para su golpe maestro: la nacionalización de la industria petrolera. Y es que Cárdenas fue hijo intelectual de Múgica, y como él, marxista convencido. Si quiere, tropicalizado.

Como muchos otros países, México construyó un sistema colectivista. Mixto, le llamamos acá, porque nuestra frontera con Estados Unidos nos fijaba límites. Apostamos, como lo hicieron otros, a que existía una forma de producir más eficiente y justa que el capitalismo. Y como todos los demás que apostaron a lo mismo, perdimos.

Pero reconocer un error es lo más difícil que hay. Para personas, pero también para naciones enteras. Noventa y cinco años después de promulgada, la Constitución sigue siendo aplaudida, a pesar de ser un evidente fracaso. Y digo evidente porque lo es, salvo que uno no quiera ver, porque verlo implicaría reconocer que llevamos 95 años viviendo en el error. Es un error grande. Es evidente el fracaso de la Constitución por: no establece derechos, sino que nos da garantías, que no es lo mismo (problema grave en el derecho penal); es profundamente chauvinista, no nacionalista; distribuye de forma inadecuada el poder entre poderes (perdone la redundancia) y entre órdenes de gobierno; se engolosina en detalles propios de leyes secundarias (al menos en el tercero, 25, 26, 27, 28, 123); mantiene elementos absurdos (“Tepic será la capital de Nayarit”, por ejemplo). Si esto fuese poco, los 199 decretos modificando 101 artículos en 501 ocasiones (cito a Valadez nuevamente), la han hecho una telaraña. Por ejemplo, la reforma “indígena” y la electoral son profundamente conservadoras, es decir, contrarias a la libertad que, en su origen, era la razón de ser de la Constitución.

Sin embargo, construir un nuevo acuerdo básico no es asunto menor, y por eso buena parte de las llamadas a una nueva Constitución han fracasado. Se hace una constitución nueva cuando hay un nuevo acuerdo básico, y éste sólo existe después de una guerra civil o después de una negociación política muy profunda. Afortunadamente no ha ocurrido lo primero, pero desafortunadamente tampoco lo segundo. Por eso seguimos arrastrando esa ley básica inútil, y por eso no hay manera de aplicar las leyes en México. Aún si quisiéramos, que está por verse.

Pero creo que los últimos 15 años han permitido que cada vez más personas coincidan con lo que acabo de escribir, si bien todavía no logran expresarlo. Cuando lo hagan, ese acuerdo político fundamental podrá ocurrir, y podremos tener una nueva Constitución. Creo que estamos a pocos meses de lograrlo.



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